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Servirán bienes recuperados para programas sociales

Pachuca de Soto, Hidalgo.- El Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado dispondrá de los vehículos e inmuebles decomisados en operativos de seguridad, una vez que terminen los procesos jurídicos y de extinción, para que sean de utilidad para la población.

Lo anterior fue señalado por el gobernador, Julio Menchaca Salazar, señalando además que del dinero que se recupere, tras investigaciones hacia funcionarios involucrados en casos de corrupción.

“Deben seguir un procedimiento de extinción de dominio y después pasar a la disposición del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, lo que se hace es que se subasta todo lo que se obtiene y los recursos se usan para programas de desarrollo social”.

Todo el procedimiento legal está detallado en la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado.

Con dicha normativa trabajará dicho instituto, que será incorporado al Gabinete Social del Estado de Hidalgo, como instancia encargada de destinar los recursos a los programas sociales u otras políticas, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

El titular del Ejecutivo estatal puntualizó que desde enero de este año ya laboran en la conformación del mencionado organismo descentralizado de la administración pública estatal.

El Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado contará con estructura y atribuciones específicas para recuperar los recursos desviados, para beneficio de la población hidalguense. 

Agregó en el tema que ya reintegraron más de 100 millones de pesos derivado de recientes indagatorias contra servidores públicos municipales ante presunto desvío de recursos.

Finalmente, Menchaca Salazar adelantó que en futuras fechas informarán de otros municipios involucrados en la red de desvío de recursos llamada Estafa Siniestra, con base en los datos que dio a conocer apenas la Auditoría Superior del Estado.

Por Daniel Martínez Martínez

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