Por Violeta García
El Gobierno del Estado de Puebla anunció un endurecimiento inmediato y drástico en los esquemas de revisión y auditoría a las clínicas estéticas, spas y consultorios médicos que ofrecen tratamientos quirúrgicos de reducción de peso en toda la entidad. El encargado de la política interna, Samuel Aguilar Pala, informó que la instrucción del Ejecutivo estatal es ejecutar clausuras definitivas y proceder de forma penal contra aquellos establecimientos que incurran en la opacidad o en la contratación de personal sin credenciales oficiales.
Aguilar Pala detalló que los operativos sorpresa se realizarán de manera coordinada entre la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), la Cofepris y la Policía Estatal, enfocando los esfuerzos prioritarios en los corredores comerciales de Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula. El funcionario reconoció que el trágico fallecimiento de una mujer tras una presunta liposucción en la zona de Zavaleta obliga al Estado a transitar de una vigilancia administrativa básica a un modelo de fiscalización riguroso que detecte quirófanos clandestinos.
La nueva estrategia gubernamental obligará a todos los prestadores de servicios de salud estética a exhibir de forma visible tanto su aviso de funcionamiento como las cédulas de especialidad validadas por los consejos médicos correspondientes. El Secretario de Gobernación advirtió que no se otorgarán prórrogas ni periodos de gracia a los locales que presenten anomalías en sus bitácoras de medicamentos o que utilicen instrumental de grado quirúrgico sin la infraestructura de terapia intensiva obligatoria por ley.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los ayuntamientos de la zona metropolitana para que colaboren en el censo de estos negocios a través de las direcciones de desarrollo urbano y padrón comercial, evitando la entrega irregular de licencias de funcionamiento bajo giros de comercio común. Samuel Aguilar Pala concluyó enfatizando que la administración actual no dudará en aplicar todo el peso de la ley contra quienes pongan en riesgo la vida de los poblanos por un lucro económico.
