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“Es un tema del Congreso”: supuesto veto a Grecia Quiroz provoca silencio de Bedolla

por Jannia L. Serriteño

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, evitó respaldar o rechazar la decisión del presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de declarar persona non grata a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, y restringir su acceso al Palacio Legislativo, al señalar que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

Al ser cuestionado sobre la medida anunciada por el diputado del PT, Baltazar Gaona García, el mandatario estatal optó por no emitir una opinión y remitió a los medios de comunicación con el propio Congreso.

“Yo creo que debe ser allá donde ustedes hagan esa pregunta para que sea clara esta situación. Y es un tema sobre el Congreso”, respondió.

El silencio de Bedolla cobra relevancia debido a que la decisión fue impulsada por Gaona, quien ha mantenido una postura de respaldo a diversos planteamientos del Ejecutivo estatal e incluso ha tenido conflictos principalmente con mujeres con tal de mostrar su devoción a Alfredo Ramírez Bedolla.

En la actual legislatura, legisladoras de distintas bancadas, entre ellas Sandra Olimpia Garibay, Itzé Camacho y Vanessa Caratachea, tomaron la Mesa Directiva en protesta por lo que calificaron como prácticas autoritarias y actos de censura al negarles el uso de la palabra durante la discusión sobre la venta de terrenos estatales.

Asimismo, encabezó una ofensiva política contra la rectora de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González, promoviendo exhortos y advirtiendo posibles acciones legales por desacato, situación que incluso llevó a sectores de la oposición a plantear un juicio político en su contra.

También generó críticas de colectivos feministas y defensores de derechos humanos tras ordenar la suspensión de talleres de perspectiva de género para trabajadores del Congreso, al considerar que los ponentes no estaban preparados.

Asimismo, durante la legislatura pasada sostuvo confrontaciones con la entonces diputada Gabriela Cázares Blanco, un conflicto que derivó en denuncias por presunta violencia política en razón de género.

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