Por: Jessica González
Reforma busca compras más transparentes, sostenibles y con enfoque en economía local.
Durante la conferencia matutina del 10 de abril, la secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, presentó las reformas a las leyes de adquisiciones y a la ley de obra pública, destacando una transformación estructural enfocada en la transparencia, la eficiencia y el impulso a la economía nacional.
Uno de los cambios más relevantes es la implementación de modalidades innovadoras como la subasta inversa, la adjudicación directa con estrategias de negociación y los diálogos competitivos. Estas herramientas buscan que el Estado acceda a mejores condiciones en sus adquisiciones, incluyendo productos innovadores y proveedores confiables, incluso cuando no existen alternativas en el mercado.
Buenrostro explicó que las reformas también contemplan que las compras públicas se utilicen como un instrumento para impulsar la política industrial de México y fortalecer el mercado interno. En este sentido, se incrementó el contenido nacional requerido en las adquisiciones: anteriormente era del 50% y ahora será del 65%, lo que fomentará el desarrollo de cadenas de valor y la producción en el país.
Además, se incluyó un enfoque de compras sostenibles que dará prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las cooperativas, facilitando su participación mediante anticipos, pronto pago y acompañamiento técnico durante todo el proceso de contratación.
Otro de los puntos destacados fue la evolución del sistema CompraNet, la plataforma electrónica de información pública en contrataciones gubernamentales, el cual será modernizado para mejorar su funcionalidad, transparencia y trazabilidad. CompraNet seguirá siendo obligatorio para todas las entidades públicas señaladas por la ley.
En cuanto a la reforma a la Ley de Obras Públicas, la secretaria señaló que también se busca garantizar mejores condiciones para el Estado. Se introdujeron mecanismos como los diálogos estratégicos y las subastas inversas, en los que las empresas competirán ofreciendo sus mejores precios.
Asimismo, se estandarizaron criterios normativos, se estableció la responsabilidad solidaria de los supervisores de obra para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, y se permitirá la contratación de obras entre instituciones públicas, lo cual dará mayor claridad al proceso.
Finalmente, se reducirá el tiempo de contratación en al menos un 33% y se dará preferencia a empresas locales para promover la economía regional, asegurando que las obras públicas generen prosperidad compartida.
