La entidad prevé iniciar con recorte de dos horas y avanzar de forma anual hasta llegar a 40 horas en 2030; empresas advierten ajustes en costos y operación
Alberto Dzib
El Estado de México se alista para la aplicación de la reducción de la jornada laboral que comenzará en 2027 con el primer ajuste de dos horas, como parte de un esquema progresivo que llevará a una semana de 40 horas en 2030, proceso que implicará cambios en la dinámica productiva y en la estructura de trabajo en la entidad.
El secretario del Trabajo estatal, Norberto Morales Poblete, señaló que la preparación se centra en la coordinación con el sector empresarial, debido a que las empresas deberán asumir adecuaciones en salarios, productividad y organización interna, ante un escenario donde se han manifestado preocupaciones por posibles incrementos en precios y efectos en la competitividad.
Indicó que la medida tiene como propósito generar mejores condiciones laborales, con mayor tiempo para la vida familiar, aunque reconoció que se trata de un proceso gradual que requerirá seguimiento para evitar impactos negativos en la economía.
“Vamos a ir reduciendo dos horas cada año hasta cumplir con las ocho horas en 2030, es un proceso que llevará tiempo y en el que tendremos que trabajar de la mano con los empresarios, porque implica ajustes en la forma de operar y en la productividad, pero se busca generar bienestar para los trabajadores y sus familias”.
El funcionario explicó que ya se han realizado ejercicios de consulta con empresarios, sindicatos y trabajadores, con el fin de recoger planteamientos sobre la implementación de la reforma, luego de que algunos sectores han advertido riesgos de migración hacia la informalidad o presiones en los costos operativos.
“Vamos a ver cómo nos mueve en la primera implementación de esto, pues vamos a experimentar todos, no, pero creo que los resultados deben ser en beneficio de las familias de los mexiquenses y de los mexicanos”.
Morales Poblete sostuvo que el Estado de México mantiene una tasa de desempleo de 2.6 por ciento, por lo que consideró necesario fortalecer mecanismos de formalización laboral y ampliar el acceso a seguridad social, en paralelo a la entrada en vigor de la reducción de la jornada.
La implementación de este esquema se perfila como un proceso de ajuste gradual que requerirá evaluación constante en sus primeras etapas, con el objetivo de equilibrar mejoras en las condiciones laborales con la estabilidad económica y la generación de empleo.