- La Fiscalía mexiquense debe crear un protocolo de actuación, considerando a las personas defensoras de derechos humanos como grupo en situación de vulnerabilidad
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha emitido la Recomendación 04/2023 al Fiscal General de Justicia de la entidad, señalando la vulneración a derechos fundamentales en el Centro de Justicia de San Agustín, en Ecatepec, por parte de personas usuarias y defensoras de derechos humanos.
Según la investigación realizada por el Organismo Defensor, la Recomendación se basa en dos hechos ocurridos el 3 de febrero de 2023 en el mencionado Centro de Justicia. En el primero, integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl, junto a una persona que presentó la queja, acudieron para acceder a una carpeta de investigación. Durante este suceso, se generó un altercado con policías municipales de Ecatepec y daños en las instalaciones, quedando todo registrado en videos.
El segundo evento se dio cuando un grupo encapuchado agredió físicamente a las integrantes de la colectiva y a un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), además de sustraer algunas pertenencias.
La CODHEM encontró deficiencias en el Centro de Justicia al no contar con personal de seguridad preparado para situaciones de riesgo, lo que vulnera el derecho a recibir un servicio público de calidad.
Aunque existe un Protocolo de Actuación del Personal de Inspección Interna en Caso de Manifestaciones, no fue aplicado por desconocimiento del mismo, y su alcance solo abarca el edificio central en Toluca, lo que requiere ser perfeccionado para una aplicación efectiva en todos los inmuebles de la FGJEM.
Entre las recomendaciones de la CODHEM se encuentran la creación de un protocolo de actuación específico, disculpa institucional, capacitación del personal del Centro de Justicia en protocolos de prevención, y el perfeccionamiento de la investigación penal con enfoque de género y derechos humanos.
La CODHEM destaca la importancia de considerar a personas defensoras de derechos humanos como un grupo vulnerable que necesita protección reforzada del Estado.
