La reforma establece eliminar elementos que dificultan a la autoridad demostrar el delito, como el uso de la violencia física o psicológica.
Con el objetivo de evitar que los michoacanos pierdan su patrimonio a manos de personas que buscan despojarlos de sus bienes inmuebles de manera ilegal o con violencia, se aprobó la reforma al Código Penal de Michoacán para castigar este delito con penas más altas y facilitar la complejidad por parte de la autoridad investigadora para comprobar la violencia o la furtividad al realizarlo.
La propuesta fue planteada por la diputada Luz María García del Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES), en búsqueda de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores, que padecen la invasión de predios y el despojo de sus bienes inmuebles ante su condición física o de salud.
La modificación contempla que impondrán de uno a cinco años de prisión y multas económicas, a quien ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno o de otro.
En este sentido, la legisladora del PES precisó que la reforma establece eliminar elementos que dificultan a la autoridad demostrar el delito, como el uso de la violencia física o psicológica, así como el engaño o la furtividad, ya sea porque no hay testigos para demostrar alguno de esos elementos, o bien, porque las víctimas han sido amenazadas o incluso están involucradas las autoridades públicas.
