Sector empresarial advierte que la falta de homologación en criterios de autorización frena inversiones y complica la apertura de negocios en la entidad
Alberto Dzib
El sector empresarial del Estado de México urgió a los legisladores locales a acelerar la expedición de la Ley de Unidades Económicas, cuya iniciativa fue presentada por el gobierno estatal en 2005, en busca agilizar los trámites para la instalación, operación y ampliación de inversiones, ante un entorno en el que actualmente los municipios aplican criterios distintos para autorizar actividades económicas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCE) +, Germán Jalil Hernández, señaló que la falta de un marco uniforme mantiene procesos basados en dictámenes de giro emitidos por cada ayuntamiento, lo que ha derivado en decisiones dispares y en obstáculos para el desarrollo de proyectos productivos en la entidad.
De acuerdo con el representante empresarial, la iniciativa ha sido trabajada en mesas técnicas con participación del sector privado, con el objetivo de revisar los trámites que inciden en la apertura de unidades económicas y detectar aquellos que generan mayores cargas administrativas o retrasos en la inversión.
“Para nosotros es muy importante que la nueva iniciativa se presente, se analice y se apruebe, ha sido un trabajo que se vino haciendo con todo el sector empresarial, participamos en mesas de análisis de muchos trámites que impactan en la apertura de nuevos centros y unidades económicas, sobre todo los que más influyen en la inversión”.
El dirigente empresarial indicó que uno de los principales problemas se concentra en el ámbito municipal, donde persisten criterios discrecionales en la autorización de licencias de funcionamiento y en la renovación de permisos, lo que ha generado duplicidad de requisitos y procesos adicionales, particularmente en materia de protección civil.
Explicó que en algunos casos las empresas enfrentan clausuras por faltas administrativas, aun cuando no representan riesgos para la salud o la seguridad, situación que, afirmó, impacta la operación de los negocios y puede derivar en la suspensión de actividades y la afectación al empleo.
“En los municipios es donde ha faltado más transparencia, hemos visto que solicitan requisitos adicionales y hay duplicidad en revisiones, por temas administrativos menores se llega a clausurar, por eso pedimos que, si no hay riesgo para la vida o la salud, se otorguen plazos para regularizar y que las revisiones sean preventivas y no sancionatorias”.
El llamado del sector empresarial se da frente al alza en costos operativos, principalmente por el incremento en combustibles a nivel internacional, lo que podría reflejarse en el transporte de mercancías y eventualmente en los precios al consumidor si las condiciones se mantienen.
En este contexto, insistieron en que contar con una legislación estatal que homologue criterios y simplifique trámites permitiría reducir incertidumbre, facilitar la apertura de negocios y fortalecer la atracción de inversiones en el Estado de México.
