La diputada Araceli Casasola propone una reforma constitucional para crear cursos de prevención del delito dirigidos a niños y adolescentes
Redacción MV
Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos desde edades tempranas, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), a través de la diputada Araceli Casasola Salazar, propuso una reforma a la Constitución del Estado de México que obligue a las autoridades a implementar programas educativos permanentes de formación y orientación escolar dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa contempla que tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación sean responsables de diseñar e impartir estos programas, los cuales deberán estar adaptados al nivel educativo y contar con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género, cultura de paz y respeto a la diversidad.
Casasola Salazar alertó que en 2022, más de 3,400 adolescentes fueron acusados de delitos en México, y más de milcumplían una sanción en centros de tratamiento, lo que evidencia la urgencia de actuar desde la educación. Afirmó que el sistema educativo básico carece actualmente de un programa integral y permanente de prevención del delito con sustento constitucional.
“La escuela debe ser un entorno clave para fomentar valores como la legalidad, el respeto, la convivencia pacífica y el autocuidado”, subrayó la legisladora.
Acompañada por el líder parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, la diputada propuso que estos cursos sean obligatorios, universales, públicos, gratuitos, laicos, inclusivos e interculturales, orientados al respeto a la dignidad humana, el amor a la patria y la solidaridad internacional, todo ello bajo el principio de la cultura de legalidad.
Además, la propuesta plantea que se promueva entre los estudiantes la honestidad, el respeto a la naturaleza y los valores cívicos, y recordó que la responsabilidad de formar a las juventudes en estos principios recae tanto en la familia como en el Estado.
Casasola advirtió que la delincuencia juvenil, más allá de un fenómeno legal, es un problema social que pone en riesgo la seguridad pública, ya que puede llevar a los jóvenes a involucrarse en pandillas, crimen organizado, violencia y drogadicción.
“Si un joven no duda en matar para robar o apropiarse de un bien, nos enfrentamos a una sociedad insana, donde una persona puede ser vista como un instrumento de uso y explotación”, concluyó.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen, como parte del compromiso del GPPRD de generar soluciones estructurales frente a la violencia y la criminalidad desde una visión preventiva y educativa.
