Presentan iniciativa para tipificar como delito autónomo las agresiones con ácido por razones de género, con penas más severas
Redacción MV
La diputada morenista Nelly Brigida Rivera Sánchez propuso reformar el Código Penal del Estado de México para tipificar como delito autónomo las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas contra mujeres, con penas que podrían alcanzar hasta 58 años y cuatro meses de prisión.
La iniciativa busca separar estas agresiones del delito de lesiones, al considerar que son actos específicos con alto grado de violencia de género. Define la conducta como aquella que cause daño físico, funcional o psicológico mediante el uso directo o indirecto de dichas sustancias.
La propuesta plantea penas de 20 a 35 años de prisión y multas de hasta mil veces la UMA, y se incrementarán hasta los 58 años de cárcel y 188 mil pesos de multa si las lesiones provocan deformidad, mutilación, ceguera, incapacidad o afecten zonas como rostro, cuello, órganos sexuales, o comprometan funciones vitales. Además, si el agresor es servidor público, familiar o figura de autoridad sobre la víctima, la pena se incrementará en la mitad.
Se incluye la tentativa del delito, que se sancionará con dos tercios a tres cuartos de la pena establecida, y se especifica que no procederán beneficios ni sustituciones de pena cuando se acredite violencia de género.
En materia de atención, se obliga al personal médico a brindar atención inmediata a las víctimas, conservar evidencia clínica y notificar al Ministerio Público en un plazo máximo de 24 horas, incluyendo los dictámenes necesarios para la investigación.
El Ministerio Público deberá reconocer desde el inicio la calidad de víctima, activar medidas de protección, coordinar peritajes y gestionar reparaciones conforme a la ley.
También se propone sancionar con tres a siete años de prisión y multa de hasta 33 mil pesos a quien venda, suministre, transporte o almacene estas sustancias con conocimiento de su uso ilícito. Las autoridades administrativas deberán establecer controles para su comercialización.
Además, se plantea reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal para incluir la definición de violencia ácida como una forma extrema de violencia física y de género, caracterizada por su intención de infligir dolor, humillación y desfiguración.