En el Estado de México, este modelo permite que víctimas y responsables participen voluntariamente en procesos para reconocer las consecuencias del delito y buscar formas de reparación.
“El momento en que no me detuve a pensarlo, lo estoy pagando pensándolo todos los días”. Esa fue la reflexión de una persona sentenciada durante un proceso de Justicia Restaurativa, una frase que para Israel Cepeda López, mediador conciliador del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial mexiquense, resume el objetivo de este modelo: que quien cometió un delito comprenda el daño causado, asuma su responsabilidad y encuentre una forma de repararlo.
En el caso de personas adultas, la Justicia Restaurativa puede aplicarse desde que se denuncia un delito ante la Fiscalía y durante las distintas etapas del proceso. En una primera fase está contemplada para delitos culposos y, cuando las partes alcanzan un acuerdo reparatorio, el procedimiento puede concluir antes del auto de vinculación a proceso. Entre los casos más frecuentes están lesiones, daños a vehículos y robos sin violencia.
Cepeda López explicó que el proceso no busca obligar a una persona a reconocer su responsabilidad, sino ayudarla a reflexionar sobre las decisiones que tomó y las consecuencias que tuvieron. La participación es voluntaria y la víctima decide si quiere intervenir, además de establecer qué considera necesario para reparar el daño. Esta reparación no necesariamente es económica, pues también puede abordar afectaciones emocionales, familiares o morales.
En la etapa de ejecución de sentencia, el mecanismo puede utilizarse en todos los delitos, incluso aquellos considerados graves, para trabajar en la reparación del daño. Sin embargo, participar en estas sesiones no implica que una persona privada de la libertad obtenga su salida de prisión, aunque el proceso puede formar parte de los elementos considerados para beneficios establecidos por la ley.
Los procedimientos no tienen una duración determinada. Algunos pueden concluir en uno o dos meses, mientras otros requieren más tiempo. El mediador recordó un caso iniciado en 2024, relacionado con el homicidio de una mujer, cuya hija participó como ofendida. Al no existir recursos para una reparación económica, las sesiones también se enfocaron en las afectaciones emocionales que dejó la pérdida.
De acuerdo con Cepeda López, otro de los objetivos es reducir el riesgo de reincidencia al generar una reflexión sobre las consecuencias de los actos. En lo que va del año se han iniciado más de 210 casos de Justicia Restaurativa para adultos y concluido aproximadamente 215, un mecanismo que busca dar voz a las víctimas y propiciar que los responsables comprendan el impacto de sus acciones.