El operativo, centrado en desmantelar redes de extorsión, acaparamiento y condicionamiento de venta de productos de la canasta básica y materiales de construcción
Con información de Juan Gabriel Gónzalez
El “Operativo Liberación”, ejecutado por fuerzas federales y estatales en diversos municipios del Estado de México, continúa generando repercusiones no solo en el ámbito de seguridad, sino también en el político. Entre los ocho detenidos presentados este miércoles en la Ciudad de México, destacan figuras vinculadas al partido Morena.
Una de las detenidas es Yareli “N”, tercera regidora de Ixtapan de la Sal, quien presuntamente utilizaba sus influencias políticas para facilitar extorsiones. Según lo señalado por el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, la regidora fungía como intermediaria entre víctimas y un grupo criminal de origen michoacano. Se le acusa de operar desde propiedades en dicho municipio, donde se intimidaba a empresarios mostrando bienes adquiridos con recursos delictivos.
Otro implicado es un empresario apodado “N”, relacionado con la venta condicionada de materiales de construcción como cemento y varilla. Él es padre del actual segundo regidor de Morena en Valle de Bravo, Diego Jiménez Jaso, lo que agrava la percepción de infiltración del crimen organizado en estructuras municipales.
El operativo, centrado en desmantelar redes de extorsión, acaparamiento y condicionamiento de venta de productos de la canasta básica y materiales de construcción, también generó fuertes bloqueos en días pasados. Transportistas pesados y taxistas protagonizaron manifestaciones que, de acuerdo con González, tuvieron el objetivo de frenar la incursión de las autoridades. Sin embargo, no se ha reportado ninguna detención entre los manifestantes, a pesar de que circulan múltiples videos donde se observa la violencia ejercida contra policías.
Además, se denunció la devolución de inmuebles presuntamente ligados a actividades delictivas, tras las protestas. Las imágenes de elementos policiacos estatales desarmados y humillados han generado inquietud en la opinión pública, ya que contrastan con el discurso oficial sobre el éxito del operativo.
Hasta el momento, las autoridades municipales de Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, así como el partido Morena, han guardado silencio respecto a la participación de sus funcionarios en estos hechos.
Mientras tanto, la sociedad y los medios exigen más información sobre las acciones emprendidas, los responsables protegidos y los territorios aún dominados por intereses ajenos a la ley.