La iniciativa también plantea evaluaciones de control de confianza, dictámenes técnicos y la posibilidad de separar provisionalmente del cargo a los tesoreros cuando existan riesgos para la hacienda pública
Alberto Dzib
El Congreso del Estado de México recibió una iniciativa para reforzar los controles sobre las personas titulares de las tesorerías municipales, con cambios que contemplan desde mayores requisitos para acceder al cargo hasta la posibilidad de separarlas de manera provisional cuando existan indicios de irregularidades que pongan en riesgo el patrimonio de los ayuntamientos.
La propuesta, presentada por el diputado de Morena Javier Cruz Jaramillo, plantea que el nombramiento y la remoción del tesorero municipal requieran el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, además de establecer responsabilidades para las y los ediles que, con dolo, conflicto de interés o negligencia grave, mantengan en el cargo a funcionarios cuya actuación genere daños a la hacienda pública.
Uno de los cambios centrales consiste en crear un mecanismo de separación cautelar del tesorero cuando existan omisiones reiteradas en la entrega de información financiera, irregularidades detectadas durante auditorías o la negativa injustificada para comparecer ante las autoridades competentes.
La medida tendría carácter preventivo y no implicaría una resolución definitiva sobre posibles responsabilidades y endurece los requisitos para ocupar el cargo.
Además de la certificación de competencia laboral vigente, quienes aspiren a una tesorería deberán aprobar una evaluación de control de confianza, obtener un dictamen de idoneidad técnica y financiera emitido por el Instituto Hacendario del Estado de México, presentar constancia de no antecedentes penales y las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, además de comparecer públicamente ante el Cabildo para exponer su perfil profesional y plan de trabajo.
En caso de acreditarse responsabilidades administrativas graves, civiles o penales mediante el procedimiento correspondiente, el Cabildo podrá aprobar la remoción definitiva del funcionario y designar de inmediato a un encargado de despacho con facultades limitadas mientras se realiza un nuevo nombramiento.
De aprobarse, las reformas entrarían en vigor el 1 de enero de 2028, al inicio de la siguiente administración municipal.
