El partido impulsa que la Suprema Corte emita una resolución con medidas estructurales y asignación de recursos tras atraer tres amparos por la reducción del suministro
Alberto Dzib
El Partido Verde Ecologista de México informó que buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una resolución que obligue a atender de fondo el desabasto de agua potable en Ecatepec, luego de que el máximo tribunal atrajo la revisión de tres amparos relacionados con la reducción del volumen suministrado por persona al día en distintas colonias del municipio.
De acuerdo con el planteamiento del partido, el objetivo de acudir a la Corte es que el análisis no se limite a reconocer la afectación al derecho humano al agua, sino que derive en la orden de medidas estructurales que permitan restablecer el servicio de manera regular para al menos 759 familias que continúan pagando el suministro pese a recibir volúmenes insuficientes.
Los recursos legales fueron promovidos por la diputada local del PVEM, Miriam Silva Mata, quien expuso que en varias zonas de Ecatepec el suministro se redujo a niveles cercanos a 50 litros diarios por habitante, situación que ya derivó en sentencias favorables en tribunales locales sin que se materializara una restitución efectiva del servicio.
“Consideramos que es insuficiente porque no está garantizada la entrega del agua, por eso acudimos a la Corte para que se realice un proyecto integral, no nada más una declaración de que el derecho al agua está afectado, sino un proyecto con presupuesto que resuelva el problema de fondo”.
Silva Mata señaló que el interés central es que la resolución contemple responsabilidades claras y recursos suficientes, al recordar que el artículo 115 constitucional establece que el suministro de agua potable corresponde a los gobiernos municipales, por lo que insistió en que los amparos se sustentan en resoluciones judiciales y pruebas documentales sobre el incumplimiento del servicio.
La diputada adelantó que solicitará una audiencia pública ante la Suprema Corte para que las personas afectadas expongan directamente su situación, y subrayó que un eventual fallo favorable podría sentar un precedente nacional para municipios que enfrentan problemas estructurales de acceso al agua potable, más allá de los casos específicos revisados.
