- Tras la exponencial práctica a partir de la pandemia, la iniciativa ya fue remitida a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Propone Sergio García Sosa, diputado del PT en el Congreso Local del estado, sanciones de hasta cuatro años de prisión al patrón que obligue o condicione por cualquier medio a una persona a firmar documentación en blanco para su contratación o en cualquier momento de la relación laboral.
El diputado expuso que tras la pandemia las garantías laborales se vieron vulneradas y condicionadas ante la necesidad urgente de acceso a un empleo, también dio a conocer que son las empresas menos reguladas son las que concurren en estas prácticas y las que por lo general operan bajo el esquema de subcontratación (outsourcing).
Por su parte, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas del PRI, quien expuso la propuesta, explicó que la firma en blanco es el documento en el que el trabajador plasma su firma sin que el papel contenga expresas intensiones del para qué será utilizado posteriormente, por lo que ventajosamente el patrón lo puede usar en su contra con declaraciones o renuncias de derechos.
Ante la problemática, consideran urgente que la legislación penal condene y reconozca estas prácticas ultrajantes y equipararlas con el delito de falsificación de documentos privados por lo que es necesario establecer sanciones ejemplares que ayuden a desincentivar los abusos. La iniciativa ya fue remitida a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en espera de su aprobación.
