Justicia más humana, más barata y por fin, al alcance de la gente
Redacción MV
La LXII Legislatura del Estado de México recibió una iniciativa para expedir la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con la cual se busca modernizar el sistema de justicia mexiquense mediante procedimientos ágiles, económicos y accesibles que reduzcan la carga de los tribunales y favorezcan acuerdos directos entre las partes.
La propuesta, impulsada por el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, plantea que la justicia deje de depender exclusivamente del juicio tradicional y transite hacia una cultura del diálogo y la reparación del daño, basada en la mediación, conciliación, arbitraje y negociación colaborativa.
El documento, fundamentado en el artículo 17 constitucional, subraya que el nuevo marco legal garantizará el acceso efectivo a la justicia para toda la población, especialmente para quienes no pueden costear procesos judiciales largos o contratar asesoría legal privada.
“Esta ley responde a la necesidad ciudadana de contar con una justicia pronta y expedita”, se destaca en la exposición de motivos.
“Permitirá que las víctimas obtengan reparación más rápida, reducirá costos y despresurizará el trabajo de los juzgados del Estado de México.”
Puntos clave de la iniciativa
Vías alternativas al juicio: la ley formaliza y regula la mediación, conciliación, arbitraje y negociación colaborativa.
Centros acreditados y facilitadores certificados: se crearán Centros Públicos y se regularán los Privados; los procedimientos estarán a cargo de facilitadores certificados por el Poder Judicial o el Tribunal de Justicia Administrativa.
Justicia digital: se impulsará la tramitación en línea, garantizando acceso desde cualquier municipio.
Consejo Estatal de MASC: órgano rector encargado de definir políticas públicas, lineamientos y certificación.
Validez jurídica plena: los convenios alcanzados tendrán efecto de cosa juzgada, es decir, serán legalmente obligatorios.
La propuesta responde también a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en enero de 2024, que obliga a las legislaturas estatales a emitir su legislación local en el plazo de un año. El Estado de México busca así ponerse al día con ese mandato y fortalecer el eje de Estado de derecho y justicia pronta del Plan de Desarrollo 2023–2029.
En paralelo, el legislador coordina un esfuerzo humanitario para apoyar a comunidades afectadas por contingencias naturales. En colaboración con el Gobierno del Estado de México, inició la entrega de 10,000 canastas básicas a través de la Central de Abasto de Ecatepec, destinadas a familias de Veracruz, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí.
Hasta el momento se han conformado 2,000 canastas y se han movilizado más de 35 toneladas de alimentos, con la participación voluntaria de más de 50 personas que arman paquetes con arroz, frijol, lenteja, azúcar, aceite, agua, artículos de higiene y limpieza.
“Esto no es un acto político, es un acto de solidaridad”, afirmó Martínez Vargas. “Muchos de quienes colaboran tienen familia en esas zonas afectadas; por eso, la respuesta de la gente de Ecatepec ha sido extraordinaria.”
Con esta doble acción —legislativa y social— se busca consolidar una justicia cercana a la ciudadanía y un compromiso tangible con las familias que más lo necesitan en el Estado de México y regiones vecinas.
