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- Lo que busca este acuerdo es tapar la corrupción que hay en las obras faraónicas del gobierno y evitar que los ciudadanos podamos tener acceso a la información sobre los millonarios contratos del Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y la refinería Dos Bocas
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió a los presidentes de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados, Olga Sánchez Cordero y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, a que presenten una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el acuerdo presidencial que declara de seguridad nacional a las obras de infraestructura del gobierno y con ello oculta la información sobre el uso de recursos públicos.
Lo anterior, porque con ello el Ejecutivo incurre en un desbordamiento de sus facultades en detrimento del Estado de Derecho, la división de poderes y el principio de legalidad a que debe ceñirse todo ente público.
Cortés Mendoza señaló que a todas luces el acuerdo emitido por el presidente López Obrador viola los principios constitucionales y diversas leyes de la administración pública, por lo que es necesario que la Corte declare su inconstitucionalidad.
“Hemos dicho con toda claridad que lo que busca este decreto es tapar la corrupción que hay en las obras faraónicas del gobierno y para que los ciudadanos no podamos tener acceso a la información sobre los millonarios contratos que se están adjudicando de manera directa para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y la refinería Dos Bocas”, subrayó.
El presidente del PAN añadió que, si no presentan ambas presidencias de la Cámara de Diputados y Senadores una controversia constitucional, serían cómplices de la corrupción, porque estarían convalidando la opacidad y la falta de rendición de cuentas del gobierno sobre la asignación y el ejercicio del presupuesto público destinado a las obras insignia de la actual administración.
Finalmente, Cortés Mendoza sostuvo que las y los mexicanos tienen derecho a la información sobre los recursos públicos y por tanto no debe haber resistencia a la controversia constitucional.
