Al señalar que hay deuda de la concesionaria que los poblanos están pagando, la regidora Rosa Márquez y el activista Francisco Castillo Montemayor exigieron auditoría a Concesiones Integrales por la operación del servicio de agua potable.
En cuanto a la deuda histórica de administraciones anteriores, Francisco Castillo Montemayor, negó que está sea por más de 3 mil millones de pesos, al argumentar que de un primer empréstito con Banobras se realizó una reestructura con una instancia privada para aminorar intereses y esa medida, de forma arbitraria se sumó, en vez de restar a la deuda histórica del SOAPAP, cuando se realizó la concesión a Agua de Puebla.
Además, reveló que para cumplir el compromiso de la empresa de invertir mil 400 millones para infraestructura, se solicitó otro crédito más que la ciudadanía está pagando a través de SOAPAP, por lo que argumentó la necesidad de que se realicen las auditorias para conocer el estado real del servicio de agua para revocar el contrato.
#Puebla ? Al señalar que hay deuda de la concesionaria que los poblanos están pagando, la regidora Rosa Márquez y el activista Francisco Castillo Montemayor exigieron auditoría a Concesiones Integrales por la operación del servicio de agua potable. pic.twitter.com/1TCltckyJA
— Ultra Noticias Puebla (@Ultrapuebla) 2 de julio de 2019
“Por eso es necesario que entre una auditoría, qué pasó con lo que se obtuvo con la venta de terrenos, seis hectáreas de la planta de San Francisco en Angelópolis; la deuda no debería existir, porque la contraprestación decía que se debía establecer un fondo para pagarla, y ahora resulta que la deuda histórica aún existe, eso no es posible”.
Asimismo, tanto la regidora Rosa Márquez como Castillo Montemayor, señalaron que los argumentos en contra de la revocación de la concesión y la remunicipalización del servico, emitidos por parte de la empresa y el PAN, de que la entidad tendrá que pagar la deuda histórica así como la incapacidad del Ayuntamiento capitalino para otorgar el servicio son falsas, al señalar que la propia concesionaria es la que ha mostrado no poder dar el servicio de forma equitativa a todas las colonias de la ciudad, además de otrorgarlo con mala calidad y como un modelo de negocio que ha lastimado el acceso al agua como un derecho humano, constitucional.
Por ello exigieron al Congreso local y al próximo gobierno estatal será corresponsables para recuperar el servicio de agua y alcantarillado y sea el municipio quien lo otorgue, como tambien lo marca la Constitución.
