La exhumación de dos cuerpos en un predio de la comunidad La Cañada, en Atotonilco de Tula, se realizó luego de que el gobierno municipal presentara una denuncia por la inhumación de cuerpos en un predio sin las condiciones ni los permisos necesarios para operar como cementerio.
Atotonilco de Tula, Hidalgo.- Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, señaló que la decisión de llevar a cabo el procedimiento correspondió a la presidenta municipal de Atotonilco de Tula, determinación que dijo respetar.
Por su parte, el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Oliveres Reyna, calificó las sepulturas como clandestinas y sostuvo que la intervención de las autoridades permitió atender una situación que se encontraba fuera de la normativa.
Por lo que ahora corresponde a la PGJEH realizar las investigaciones respectivas al caso y determinar las responsabilidades legales a quien corresponda.
La propia Procuraduría ha explicado que la exhumación se efectuó después de que el ayuntamiento presentara una denuncia por la inhumación de cuerpos en un predio sin las condiciones ni los permisos necesarios para operar como cementerio.
La intervención contó con autorización de un juez de control y los restos fueron trasladados al panteón municipal.
Las diligencias se realizaron el 3 de octubre con la participación de personal ministerial, agentes de investigación criminal, especialistas de la división científica, trabajadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo y funcionarios municipales.
En tanto, habitantes de la misma comunidad de La Cañada afirman y han presentado documentos en los que se menciona que el predio será destinado para un panteón.
Los habitantes han agregado que dos de los actuales integrantes de la asamblea municipal formaban parte de la administración en la que se concretó la donación del predio para utilizarlo como cementerio.
El terreno donde fueron localizadas las sepulturas está destinado a la construcción de casas del programa Viviendas del Bienestar.
De acuerdo con las autoridades, los familiares de las personas fallecidas no tenían los permisos correspondientes para realizar los entierros en ese lugar.
