#Opinión de Paul Valdés
La extorsión atenta contra las libertades públicas y el derecho de propiedad, elementos sustanciales de la democracia.
Las víctimas estan frustradas, y no denuncian porque no tiene confianza en la autoridad, porque creen que no se resolvera, que no habrá justicia ni se castigará al delincuente. Todo un circulo vicioso. La iniciativa de la fiscalia mexiquense resulta esperanzadora para combatir el cobro de piso en la entidad, esperemos que los diputados locales de todas las fuerzas políticas trabajen para consensar, enriquecer y aprobar esta importante iniciativa.
La extorsión sucede cuando alguien obliga con amenazas a hacer algo en contra de la voluntad de las personas, y de esa forma obtiene lucro. En otras palabras, es el robo que hacen los delincuentes del trabajo de miles de personas. En la actual coyuntura de crisis esta causando enormes daños al patrimonio de comerciantes, profesionistas, pequeños y grandes empresarios del sector formal, pero también del sector informal.
La extorsión es un delito que esta creciendo, más común de lo que parece porque se alimenta del miedo a denunciar, de la ilegalidad e impunidad que impera en nuestra sociedad. Normalizar este delito representa aceptar que el cancer social esta avanzando. Hacernos de la vista gorda, aparentar que no existe, no quiere decir que no suceda, pues en la realidad afecta la libertad y el patrimonio de miles de mexicanos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública que realiza el INEGI (ENVIPE 2022), la extorsión después del robo de bienes o dinero en vía pública, y el fraude, es el delito con mayor incidencia. El Presidente López Obrador ha aceptado que es el delito que mayor crecimiento ha registrado en el sexenio. Ante la enorme impunidad que impera en México, los delincuentes siguen cometiendo delitos porque el riesgo de ser atrapados y castigados es bajo.
La extorsión en Acapulco Guerrero, puede ser similara la que se vive en Michoacán, en la ciudad de México, o el Estado de México. En un reportaje publicado el 22 de septiembre en el diario el Pais, se evidencia la grave situación del caso Tijuana, en la que se describe la frustración, vulnerabilidad e indefensión de las victimas, pero también la incapacidad de las autoridades para resolverlo. El fenómeno se ha sofisticado, al pasar de ser operado por grandes grupos criminales, a ser ejecutado con violencia por pequeñas redes de contubernio entre delincuentes y autoridades locales.
Es probable que usted o alguien de su circulo cercano haya sido victima de la extorsión en los últimos años. Entre las modalidades destaca la extorsión telefónica realizada desde los penales, pasando por el robo o hackeo de información de cuentas en redes sociales. Una de las formas más graves es el cobro de piso también conocido como el impuesto criminal.
Una de las propuestas que pretende combatir la extorsión desde el ámbito local, es la impulsada desde la Fiscalia del Estado de México. Esta iniciativa que ya esta en manos del Congreso local mexiquense reconoce que si bien la extorsión es un delito federal, es necesario que las autoridades locales tengan herramientas para combatirlo. En palabras del Fiscal, “la idea es que se adicione al capítulo de delitos, la conducta de obligar a los comerciantes o propietarios de negocios, a incrementar los precios de un producto de manera generalizada en una comunidad o a comprar insumos con un solo proveedor”.
La extorsión atenta contra las libertades públicas y el derecho de propiedad, elementos sustanciales de la democracia. Las víctimas de este delito estan frustradas, y no denuncian porque no tiene confianza en la autoridad, porque creen que no se resolvera, que no habrá justicia ni se castigará al delincuente. Todo un circulo vicioso. La iniciativa de la fiscalia mexiquense resulta esperanzadora para combatir el cobro de piso en la entidad, esperemos que los diputados locales de todas las fuerzas políticas trabajen para consensar, enriquecer y aprobar esta importante iniciativa.
