Argumentó que el contenido de la sentencia de la SCJN sobre el cobro DAP ek torno a dos acciones de inconstitucionalidad, una promovida por la CNDH y CEDH en contra del Decreto que el Congreso del Estado aprobó 144 ley de ingresos.
El fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio contra las controversias constitucionales que promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la de Puebla, para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), se resolvió en una sentencia sin coacciones de inconstitucionalidad, afirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa.
Argumentó que el contenido de la sentencia de la SCJN sobre el cobro DAP ek torno a dos acciones de inconstitucionalidad, una promovida por la CNDH y CEDH en contra del Decreto que el Congreso del Estado aprobó 144 ley de ingresos, donde se incluyó el cobro del Derecho de Alumbrado conflrme a la formula que el Congreso les propuso, que contenía las previsiones constitucionales, que ya eran antecedentes.
Y precisó que el Ayuntamiento de Puebla envió una fórmula distinta a la que el Congreso del Estado estaba sugeriendo, es por ello, que en Decreto que emitió el Congreso no se incluyó el cobro del Derecho del DAP porque no se ajustó a oa formula que sugirió el Congreso.
En línea por separado, el Ayuntamiento de Puebla, promovió una controversia constitucional, para que el Congreso aceptara la formula que promovía el Ayuntamiento capitalino, misma que no se ha resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Lo que se resolvió en el máximo órgano de Justicia de México es una sentencia sin coacciones de inconstitucionalidad, dos de las cuales se referían a las promovidas por la CNDH y CEDH”.
Por ello, dejo en claro que la fórmula que aplicó el Congreso fue declarada por la Suprema Corte de la Nación como constitucional por 8 votos a favor y 3 en contra.
Abundó que se se cuidó la fórmula que presentó el Congreso, con asesores importantes, para no cometer errores.
Finalmente, Barbosa Huerta, dijo que las otras fórmulas son violatorias a derehos humanos, y violatorias a los principios que se tienen que observar para el cobro del Derecho del DAP.