Ante la Asamblea Plenaria, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del LX Legislativo, Diputada Juliana Felipa Arias Calderón, hizo un llamado tanto a la Secretaría de la Mujer como al Consejo de Estado para el desarrollo integral de los pueblos indígenas del Estado de México (Cedipiem) que financia las viviendas de la mujer indígena “Zana Jñatjo” (Luna Mazahua) y “Dakü D’ay’o” (Vida Nueva) en el Ejido La Virgen de San Felipe del Progreso y en Santa María Canchesdá. Temascalcingo.
Con esto en mente, afirmó que en 2003 el gobierno federal implementó el programa “Casas de la Salud” en Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas para tomar en cuenta la salud sexual y reproductiva de este sector. y posteriormente, en 2007, se diseñó un modelo autogobernado de atención a la violencia contra las mujeres con perspectiva de género y enfoque intercultural denominado “Hogares de Mujeres Indígenas” (CAMI), que inició en 2008 con 13 hogares en diferentes estados del país.
Agregó que como precedente se construyeron dos casas en la unidad, la primera en 2010 en el Ejido la Virgen en San Felipe del Progreso, que también atiende a mujeres de San José del Rincón; mientras que el segundo se construyó en 2014 en Temascalcingo.
Ambos son administrados cada uno por un grupo operativo de 7 a 10 mujeres capacitadas para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, ya que están temporalmente protegidas y dirigidas a refugios de emergencia.
En este contexto, dijo: “Los hogares de las mujeres indígenas cuentan con infraestructura, equipamiento y personal capacitado. Sin embargo, carecen de los medios económicos para implementar medidas en temas legales con perspectiva de género y relevancia intercultural.
Por ello, pidió que se utilicen los recursos disponibles y “salvar los espacios que sirven a las hermanas de los pueblos indígenas que sufren violencia y / o promueven los derechos sexuales y reproductivos”. La iniciativa fue remitida a su dictamen sobre la Comisión de Asuntos Indígenas.
La Casa de la Mujer Indígena, cuentan con infraestructura, equipamiento y personal capacitado. Sin embargo, carecen de los medios económicos para implementar medidas en temas legales con perspectiva de género y relevancia intercultural.
