Pachuca de Soto, Hidalgo.- Funcionarios que nieguen o retarden servicios podrían ir a prisión de uno a cinco años y obtener multas de 4 mil 344 a 26 mil 064 pesos, según la iniciativa presentada este día ante el Congreso estatal por la diputada Areli Miranda Ayala.
De acuerdo con la exposición de motivos de la legisladora, la idea es adicionar un capítulo denominado “Negación del servicio”, así como un artículo al Código Penal para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de castigar a los servidores públicos que nieguen o retarden a los particulares la protección, el auxilio o el servicio que tenga obligación de otorgarles.
La importancia de esta propuesta, puntualizó Areli Miranda, radica en que existen diversos servicios públicos de carácter primordial para el desarrollo de una sociedad, como la impartición de justicia, la seguridad pública, los servicios públicos esenciales, de salud, educación, entre otros.
Lo anterior, ya que al no contar con estos, los habitantes podrían sufrir alguna afectación de difícil o imposible reparación; por lo que consideró importante sancionar la omisión de la prestación del servicio por parte de la administración pública a un particular, llevada a cabo por un funcionario público o autoridad que en su actuar traiga afectaciones a los habitantes.
Por ejemplo, detalló que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, a nivel nacional durante el 2018 se denunciaron solo 10 por ciento de los delitos, y de estos, el Ministerio Público inició averiguación previa o carpeta de investigación en únicamente 63.9 por ciento de los casos.
Por Daniel Martínez Martínez
