La PRODECON resuelve favorablemente el 80% de las quejas por parte de los contribuyentes.
El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Javier Cruz, comentó para Ultra Noticias el aumento en la atención a los contribuyentes desde su apertura.
La PRODECON es un órgano del estado mexicano autónomo que tiene como visión proteger, defender y observar los derechos de los contribuyentes en México.
El Estado de México es la entidad con mayor número de contribuyentes a nivel nacional, donde se estima que existen 6 millones, de los cuales, se han atendido alrededor de 15 mil 542 contribuyentes desde la apertura la delegación desde hace 7 años.
El crecimiento que se ha tenido en estos años en atenciones es de 8,532 por ciento, sumando un total de 750 mil pagadores de impuestos a nivel nacional, a quienes se les ha auxiliado.
El delegado señaló que alguno de los factores por los que la gente acude a su procuraduría es por devolución de impuestos y por las quejas presentadas en estos, donde buscan la atribución de este organismo para auxiliarlos en la rendición clara de sus cuentas.
Gracias al crecimiento exponencial que han obtenido con el pasar de los años, Cruz mencionó que han aumentado los módulos virtuales y de atención a contribuyentes en diferentes áreas de la entidad mexiquense, como en Metepec, Valle de Bravo y próximamente Tlanepantla.
Operaciones de empresas fantasmas ascienden a 2 billones
El uso de facturas falsas por parte de algunas empresas provoca un daño al fisco por dos billones de pesos, recursos que no ingresan a las arcas públicas y que equivalen a 70 por ciento de la recaudación prevista para este año, aseguró Cruz.
Aunado a esto, explicó que este recae en quien paga el servicio y es obligado a pagar la retención mensualmente, al tiempo que impacta directamente en la forma en la que operan las empresas que facturan operaciones simuladas, comúnmente conocidas como esquemas de “carrusel”, lo que desalentaría su actividad ilícita.
La PRODECON va a presentar una iniciativa para reforzar el combate a la práctica de emitir facturas fraudulentas, que refuerza acciones ya existentes, como la publicación de las listas negras y que se complementará con la propuesta del próximo gobierno de tipificar como delito grave la falsificación de facturas.
