#Opinión de #Dr.RamónCabrera
- En un Estado Constitucional de Derecho, bajo el principio de legalidad, la autoridad sólo puede hacer aquello que la Ley expresamente le faculta.
En este contexto, si bien el artículo 89, fracción I, de la Constitución faculta al Presidente para ejecutar las leyes y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, ello implica que eso, que se conoce como facultad reglamentaria, se ejecute respecto de leyes vigentes.
En el caso de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas (ANA), a través del Decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día de ayer 14 de julio de 2021, la misma es ilegal; pues la actual Ley del Servicio de Administración Tributaria (SAT), existente y vigente en México, dispone que la autoridad aduanera es el SAT.
Luego entonces, al haber creado hoy un órgano desconcentrado como lo es la ANA, dotado de la competencia que una ley le ha conferido expresamente a otro órgano desconcentrado (SAT), no sólo carece de sustento legal sino que abiertamente contraviene a la ley vigente.
En este contexto, el acto de ayer del Ejecutivo de creación de la ANA, a todas luces un acto mediático, es un acto que carece de sustento legal y, aún y cuando su régimen transitorio refiere que el inicio de la vigencia del Decreto será hasta que se modifique la Ley del SAT, deja en claro que el acto de hoy, se motiva y se funda, en un hecho futuro de realización incierta que ni siquiera le corresponde generar al Ejecutivo Federal, sino que es, en todo caso, facultad del Congreso de la Unión reformar la Ley del SAT.
Cuando en un futuro entre en vigor el Decreto que creó la ANA, ello no será suficiente para subsanar la inconstitucionalidad del Presidente ni bastará para legitimar la creación de un órgano creado de manera ilegal.
Esa situación pone en riesgo jurídico real a todos los actos que llegue a emitir el ilegítimo órgano, con lo que eventualmente se abre la puerta a que, ante una espuria autoridad aduanera, el combate al contrabando y el legítimo cobro de impuestos al comercio exterior queden comprometidos, con todo el perjuicio que ello puede ocasionar al Estado Mexicano.
Sin duda alguna, esto es resultado de un gobierno que privilegia lo mediático y desprecia lo jurídico.
