La extorsión es el principal delito que sufren las unidades económicas del sector formal, pero tambien del sector informal. Los resultados de la ENVE revelan que en algunas tareas sustantivas del Estado como el monopolio de la violencia y el cobro de impuestos, la delincuencia organizada esta compitiendo con el Estado en algunas regiones del país e incluso en algunos municipios del Estado de México, atentando asi contra los derechos de propiedad, el regimen de libertades públicas, y la democracia en general.
En la coyuntura de pospandemia e inflación, delitos como la extorsión están aumentando, así lo evidencia la encuesta nacional de victimización de empresas del INEGI (ENVE 2022) presentada el pasado mes de septiembre. La ENVE ofrece resultados de la victimización de unidades económicas a nivel nacional y estatal, de la cifra negra, de los costos de la inseguridad y de como están enfrentando el sector productivo a la inseguridad.
La extorsión y la inseguridad representa un costo adicional a la operación ordinaria de las empresas, pues estas se ven obligadas a elevar sus costos de operación por reforzar sus medidas de seguridad o de cambiarlas. Durante el año pasado, 1 de cada 4 empresas (24.6%) fueron víctimas de algún delito, cifra ligeramente inferior al 29.4% de los hogares en México.
El dato más trágico es que la extorsión ha rebasado al robo como principal delito que sufren las empresas con 28.9%, le sigue el robo de dinero o bienes patrimoniales con 19.7%, robo hormiga 12.9%, corrupción 10.8% , fraude 10.2%, robo de mercancías en tránsito 7.3% y robo parcial o total de vehículos con 6.6%. Todos los delitos mencionados implican una pérdida del patrimonio de las empresas, sin embargo la extorsión atenta directamente contra la seguridad de miles de comerciantes y empresarios del país que ante la impunidad y ausencia de la fuerza del Estado quedan vulnerables frente a este cancer social. Incluso la integridad de las personas queda expuesta ante la inoperancia de los cuerpos de seguridad pública de todos los niveles.
La extorsión se dio a conocer en los estados con mayor presencia de delinciencia organizada, pero que ahora se ha extendido por todo el país, paragraseando el famoso eslogan de los sombreros, de Sonora a Yucatán, la extorsión esta dañando el patrimonio de miles de empresas grandes, medianas y pequeñas, afectando mayormente a las más chicas que son las mas vulnerables porque una pérdida de dinero o bienes puede representar la quiebra del negocio. Recordemos que el 90% de las 4.8 unidades económicas del país son micros y pequeñas.
De acuerdo a la ENVE, 6 de cada 10 (58.1%) de las unidades económicas implementaron medidas preventivas como consecuencia de haber sido victimas de delitos. Entre las medidas más frecuentes destaca el cambio de candados y cerraduras (24.5%), cambiar puertas y ventanas (15.6%), rejas y bardas (10%), contratar seguros (8.4%). La operación de las medidas son a cargo de las empresas, lo que significa mayores costos de operación, lo que puede afectar los precios al consumidor final.
Uno de los indicadores que evidencia la desconfianza de las empresas es el bajo nivel de denuncia de delitos que alcanza el 91.5% a nivel nacional, pero que en algunos estados como Sinaloa alcanza casi la totalidad con 97.3%, Guerrero con 96.7% y Tamaulipas con 96.1%. Por lo visto, las empresas asi como los ciudadanos en general, no perciben beneficios sustanciales para denunciar un delito, a pesar de que han sido perjudicados. Los costos de denunciar son percibidos en muchos casos como una perdida de tiempo. Lamentable para todos, autoridades y ciudadanos. Nos encontramos en un circulo vicioso de no denuncio porque no tengo confianza, al tiempo que la autoridad asume que debido a que no hay denuncias, no puede investigar ni castigar.
La extorsión es el principal delito que sufren las unidades económicas del sector formal, pero tambien del sector informal. Los resultados de la ENVE revelan que en algunas tareas sustantivas del Estado como el monopolio de la violencia y el cobro de impuestos, la delincuencia organizada esta compitiendo con el Estado en algunas regiones del país e incluso en algunos municipios del Estado de México, atentando asi contra los derechos de propiedad, el regimen de libertades públicas, y la democracia en general.
