El proyecto de dictamen para la conformación de la Guardia Nacional cuenta con diversas irregularidades que el Partido Acción Nacional señalará y hará visibles, anunció la Diputada Federal Sylvia Garfias Cedillo.
En Acción Nacional reconocemos la patriótica labor de las Fuerzas Armadas en su función de cuidar la seguridad de las y los mexicanos, pero consideramos que los
deberes de policía y vigilancia de la seguridad pública no son propios de la naturaleza de estas agrupaciones, como lo deberían de ser de cuerpos policiacos capacitados
para ese fin.
Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aceptaría que el mando de la Guardia Nacional fuera civil y no militar, el dictamen establece la instalación de una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta en su mayoría por las Fuerzas Armadas.
Alejandro Hope, especialista en seguridad pública, señaló que si la Guardia Nacional no va a ser civil, no tiene razón de ser la reforma constitucional. Agregó que el esquema propuesto de un secretario titular sujeto a la Junta de Jefes de Estado Mayor diluye la responsabilidad y no define al responsable final de la estrategia de seguridad.
Como está planteada la Guardia Nacional, en la práctica tiene un mando militar y lejos
de resolver la problemática, confronta a las estructuras policiacas de los tres niveles de
gobierno sin una coordinación adecuada.
Además, hasta el momento no se han definido los requisitos de reclutamiento, permanencia, control de confianza y tutela de derechos humanos, lo cual es muy peligroso dado el marco de violaciones que desde años han venido sufriendo las y los mexicanos. Sus únicos requisitos son los contemplados por el Ejército para el
reclutamiento militar, el cual no contempla controles de confianza.
Es importantísimo que la administración federal respete el ámbito de competencias de autoridad, agregó la Diputada Federal, ya sea de la esfera local para los delitos del fuero común, o la Guardia Nacional y Policía Federal para delitos federales. Debido a que el mandato genérico previsto por el Artículo 21 amplía -peligrosamente- lasfacultades para atender cualquier fenómeno que afecte bienes jurídicos tutelados por el fuero común.
