La sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán de este lunes marcará el inicio formal del trámite de dos solicitudes de juicio político promovidas contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, cuyos expedientes serán presentados y turnados a comisiones para su análisis. Los recursos, promovidos por el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sergio Carmelo Domínguez Mota, y por trabajadores del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), contienen señalamientos relacionados con presuntos incumplimientos de resoluciones judiciales y obligaciones laborales.
En este sentido, Ávila González señaló que primero deberá conocer formalmente los expedientes para determinar qué señalamientos se plantean y, a partir de ello, reunir la información que permita responder ante el Poder Legislativo.
Sin embargo, la rectora afirmó que está dispuesta a comparecer y presentar ante el Pleno legislativo los elementos que considere necesarios para explicar la situación que atraviesa la institución, particularmente respecto de las decisiones y acciones emprendidas durante su administración. “Yo estaría encantada de que en el momento solicitaran la información, porque a mí me encanta la tribuna y tengo todos los elementos para poderlos exponer”, señaló, al tiempo que sostuvo que tendrá “mucho que decir” sobre los problemas de la Universidad Michoacana y las situaciones que, desde su perspectiva, han implicado presiones para la institución. A su vez, indicó que, una vez que conozca formalmente los expedientes, buscará acercarse al Congreso para entregar la documentación correspondiente.
Con respecto a las solicitudes, una de ellas fue presentada el pasado 20 de agosto por Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quien atribuye a la Rectoría presuntos incumplimientos de resoluciones y suspensiones emitidas por juzgados federales, además de otros cuestionamientos relacionados con su actuación. La segunda fue promovida por trabajadores del SUEUM, quienes plantean posibles incumplimientos en materia laboral, entre ellos el impago de convenios, salarios y prestaciones, así como un eventual desacato a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; por ejemplo, el expediente señala que alrededor de 200 trabajadores no contarían con seguro de vida y refiere también una presunta falta de materiales para el desempeño de sus funciones, mientras que la documentación consta de 90 hojas y una memoria USB.
Pese a que la presentación de las solicitudes constituye el comienzo de su revisión legislativa, no representa por sí misma una determinación sobre la responsabilidad de la rectora, toda vez que los expedientes deberán ser analizados conforme al procedimiento correspondiente. Por lo que, después de su lectura y turno a comisiones, se prevé que los asuntos sean revisados antes de regresar al Pleno para la determinación que corresponda; a final de cuentas, Ávila González sostuvo que la Universidad debe preservar su carácter institucional y que, en el momento procesal oportuno, estará dispuesta a proporcionar la información que permita esclarecer los señalamientos planteados.
