Coincidieron en que estas propuestas envían un mensaje claro contra la delincuencia ambiental organizada y empresarios madereros involucrados en esta práctica.
Redacción IKAM
Legisladores de Morena, PVEM, PT, PAN y MC respaldaron las iniciativas presentadas por la bancada del PVEM y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para incrementar las penas contra quienes realizan tala ilegal. Coincidieron en que estas propuestas envían un mensaje claro contra la delincuencia ambiental organizada y empresarios madereros involucrados en esta práctica.
Durante la reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Desarrollo Agropecuario y Forestal de la LXII Legislatura mexiquense, se inició el análisis de las reformas al Código Penal estatal, que podrían establecer penas de hasta 30 años de prisión por este delito. Representantes del gobierno estatal participaron en el debate, destacando la importancia de estas reformas.
Propuestas y puntos clave
- PVEM: La diputada Gloria Vanessa Linares Zetina subrayó que la reforma busca proteger a quienes viven cerca de los bosques y que son utilizados por grupos delictivos para la tala ilegal. Alejandra Figueroa Adame añadió que esta actividad no solo afecta el medio ambiente, sino que también está relacionada con violencia e inseguridad.
- Morena: Legisladores como Héctor Karim Carvallo Delfín y Selina Trujillo Arizmendi señalaron que las propuestas ayudarán a disuadir la tala ilegal y brindarán más herramientas jurídicas a las fuerzas de seguridad. También solicitaron etiquetar recursos específicos para los municipios con vocación forestal.
- PT y PAN: Sofía Martínez Molina (PT) destacó la urgencia de tomar medidas firmes ante la pérdida de bosques. Emma Álvarez (PAN) enfatizó que las penas deben aplicarse de manera efectiva y no solo quedar en el papel, además de resaltar la importancia de la participación social.
- MC: Ruth Salinas Reyes consideró que aumentar las sanciones es un paso importante, pero insuficiente. Subrayó la necesidad de involucrar tanto al Estado como a los municipios en la protección de los bosques y cuestionó las acciones del gobierno estatal en esta materia.
Funcionarios estatales como Carlos Buendía Ramírez y Luis Felipe Hernández Llop, de las secretarías del Campo y Medio Ambiente, reconocieron que el combate a la tala ilegal es un tema de competencia federal, pero resaltaron que el gobierno impulsa programas de protección ambiental a través de ejidos y comunidades.
Los congresistas coincidieron en que estas medidas deben complementarse con políticas de prevención, educación ambiental y fortalecimiento institucional, así como dotar de recursos a los municipios para la vigilancia y conservación de los bosques.
