- Este delito va al alza; en 2023 mil 607 personas fueron víctimas en México
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad reformas al Código Penal con el objetivo de aumentar las sanciones de prisión por el delito de usurpación de identidad cuando se cometa mediante la manipulación de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, redes sociales o intercepción de datos enviados.
Según el dictamen que integra las iniciativas presentadas por las bancadas de Movimiento Ciudadano y del Verde Ecologista, la penalidad se incrementará en hasta una tercera parte, es decir, más de 5 años de prisión, cuando la usurpación de identidad se realice a través de medios digitales o electrónicos.
La reforma también ajusta la redacción del artículo 264 del Código Penal del estado, que establece sanciones de uno a cuatro años de prisión para quienes ejerzan con fines ilícitos un derecho o utilicen cualquier tipo de datos, información o documentos que legítimamente pertenezcan a otra persona física o jurídica colectiva, con el objetivo de hacerse pasar por ella.
En la reunión presidida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), la diputada Juana Bonilla Jaime, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, destacó que esta reforma mejora la tipificación del delito de usurpación de identidad, modernizando el marco penal estatal para estar a la par de una realidad donde los medios electrónicos son fundamentales.
Subrayando la importancia de legislar considerando la tecnología actual, la legisladora señaló que esta semana se informó que en México continúan al alza los delitos cibernéticos, especialmente el robo de identidad. Durante los primeros ocho meses de este año, mil 607 personas fueron víctimas de este delito en el país a través del robo de información en redes sociales y el hackeo de celulares.
La Comisión destaca la necesidad de fortalecer el marco legal para combatir eficazmente la usurpación de identidad en el ámbito digital y garantizar la protección de los ciudadanos frente a los delitos cibernéticos.
