La Legislatura mexiquense recibió la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez para reforzar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, con mayor coordinación, uso de tecnología y acceso a datos biométricos
Redacción MV
El Congreso del Estado de México analizará la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone fortalecer de manera integral la búsqueda, localización, identificación y el esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas en la entidad.
La propuesta contempla reformas a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley de Seguridad, así como al Código Civil, todas del ámbito estatal. Entre los principales cambios se plantea la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda y el acceso obligatorio a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías, exclusivamente para estos fines.
El proyecto legislativo establece que las fiscalías y comisiones de búsqueda tengan acceso a la Plataforma Única de Identidad, así como la creación y difusión obligatoria de una ficha técnica de búsqueda de alcance masivo, que deberá emitirse de manera inmediata tras una denuncia o reporte por desaparición y notificarse al Registro Nacional de Población.
Asimismo, se propone garantizar que la Fiscalía Especializada en materia de desaparición cuente con recursos humanos, financieros, materiales y técnicos suficientes, con un enfoque multidisciplinario y perspectiva de género, además de unidades especializadas en investigación, análisis de contexto, atención a víctimas, búsqueda inmediata y de larga data, y delitos cibernéticos.
La iniciativa también obliga a autoridades e instituciones públicas y privadas que resguarden datos biométricos, registros forenses, cuerpos o restos humanos, así como imágenes obtenidas por satélites o aeronaves no tripuladas, a permitir su consulta inmediata a las fiscalías y comisiones de búsqueda, y a remitir la información correspondiente al Banco Nacional de Datos Forenses.
Leída en sesión de la Diputación Permanente por el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (morena), la propuesta subraya que centros de atención a adicciones, centros de reinserción social, centros de asistencia social y estaciones migratorias deberán contar con registros biométricos completos y actualizados, disponibles para consulta de las autoridades.
El documento advierte que la desaparición forzada de personas representa una de las crisis más graves del país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 31 de diciembre de 1952 al 10 de diciembre de 2025 se contabilizan 386 mil 500 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas; de ellas, 133 mil 562, es decir, el 34.56 por ciento, continúan desaparecidas o no localizadas, mientras que el 65.44 por ciento ya fue localizado.
