La reforma federal modifica la naturaleza jurídica de empresas productivas por públicas
Redacción AR
La LXII Legislatura mexiquense avaló por mayoría de votos la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar la Constitución federal y modificar la naturaleza jurídica de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”.
Esta reforma, precisa que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado. Sobre ello, se detalló que, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, como el litio y el servicio de internet.
Asimismo, que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer a la ciudadanía de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública que determine el Estado.
En su participación, la diputada priista Lilia Urbina Salazar enfatizó que. la verdadera soberanía energética no se logra con monopolios estatales, sino con elementos como la innovación y la eficiencia, por lo que Pemex y la CFE deben ser competitivos mediante una política energética que combine soberanía con competitividad.
Por su parte, el congresista Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, criticó que para la elaboración de la reforma no se realizaron parlamentos abiertos ni consultas a personas científicas ni a la sociedad civil; reprochó que el dictamen no contemple el saneamiento financiero de Pemex y la CFE; no cuente con una explicación de cómo transitar a un modelo de energías sustentables y limpias; no considere el crecimiento económico, la productividad y la competitividad; y no se alinee a la agenda 2030 ni a tratados internacionales por el cambio climático.
