La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó aumentar hasta 13 años y 4 meses de prisión las sanciones por delitos relacionados con la vigilancia y obtención no autorizada de información cuando se utilicen drones, dispositivos de geolocalización o sistemas de videovigilancia.
El dictamen, impulsado por la diputada de Morena María del Carmen de la Rosa Mendoza, plantea reformar el Código Penal del Estado de México, que actualmente contempla penas de seis a 10 años para estas conductas mediante medios de comunicación.
La propuesta busca incluir como agravante el uso de estos dispositivos para obtener información sobre actividades, ubicación u operativos de instituciones de seguridad y órganos jurisdiccionales, así como de personas servidoras públicas y particulares.
Durante la discusión, legisladores también advirtieron sobre la necesidad de evitar que la reforma sea utilizada para acusar injustamente a personas que emplean drones con fines legales, como trabajos de topografía.
El dictamen deberá continuar su proceso legislativo antes de que las modificaciones, en caso de ser aprobadas por el Pleno y posteriormente publicadas, puedan entrar en vigor.
