La reforma al Código Penal amplía delitos ambientales, incrementa multas y sanciona abandono de basura y residuos peligrosos
Alberto Dzib
En comisiones del Congreso del Estado de México se aprobó el dictamen que modifica el Código Penal para reforzar las sanciones contra delitos ambientales, la propuesta tipifica el ecocidio con penas más altas y amplía los supuestos que podrán castigarse penalmente, el documento fue remitido al Pleno para su discusión definitiva.
Con la reforma, el ecocidio será sancionado con seis a 12 años de prisión y multa de 500 a 2 mil días, lo que sustituye el rango anterior de dos a ocho años y de 30 a 150 días multa, el dictamen también incorpora como conductas punibles nuevas formas de contaminación, como la liberación de macroplásticos y contaminantes climáticos de corta vida, y establece agravantes cuando el daño sea irreversible o se afecten áreas naturales protegidas.
El diputado Javier Cruz Jaramillo, de Morena, indicó que el ajuste legal responde al impacto que generan la tala ilegal, la contaminación de cuerpos de agua y otras prácticas que deterioran ecosistemas y salud pública, y explicó que se prevén sanciones mayores cuando intervenga un servidor público o cuando se empleen herramientas y vehículos para cometer el ilícito.
“Las prácticas de contaminación ponen en riesgo la salud pública y la biodiversidad, el código establece sanciones para quienes contravengan la ley, pero la realidad exige fortalecer las sanciones, se incorporan agravantes cuando el daño sea irreversible, afecte ecosistemas estratégicos o especies en peligro de extinción, o cuando el responsable sea un servidor público que traicione la confianza ciudadana”.
El dictamen fija además penas de hasta 11 años y tres meses de prisión para quien abandone basura de manera dolosa cuando ello genere afectaciones ambientales, y hasta seis años de prisión para quien posea o transporte residuos peligrosos sin apego a las normas oficiales, en estos casos se contempla la posibilidad de aplicar mecanismos de justicia restaurativa para que el responsable repare el daño causado.
La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez sostuvo que el cambio legal busca que el daño ambiental deje de tratarse como falta administrativa y tenga consecuencias penales acordes con su impacto, mientras que la legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa, del PVEM, señaló que en una entidad con alta biodiversidad resulta necesario actualizar el marco jurídico para enfrentar el deterioro ambiental, el dictamen será sometido a votación del Pleno en los próximos días.
