La iniciativa plantea adelantar el inicio del proceso electoral a septiembre, modificar plazos de registro, reducir sindicaturas y regidurías, e incorporar reglas de austeridad y restricciones por nepotismo electoral
Alberto Dzib
El Congreso del Estado de México recibió una iniciativa para reconfigurar las reglas del proceso electoral de 2027, con cambios que plantean iniciar la organización comicial desde septiembre del año previo a la elección, reducir cargos en los cabildos y adecuar la legislación local a las reformas federales aprobadas en materia político electoral.
Entre los cambios planteados por las bancadas de Morena, PT y PVEM, destaca el de modificar el calendario para que el proceso ordinario arranque durante la primera quincena de septiembre, lo que implicaría adelantar también la emisión de convocatorias, los registros de candidaturas y las etapas vinculadas con precampañas e independientes, bajo el criterio de ampliar los márgenes operativos del Instituto Electoral del Estado de México.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, comentó que la iniciativa también rediseña la integración de los ayuntamientos al establecer una sola sindicatura por municipio y ajustar el número de regidurías con base en criterios poblacionales, un cambio que, según los promoventes, busca compactar estructuras municipales y generar ahorros en gasto público local.
“Va totalmente en una armonización con lo federal, en la reducción de síndicos, el ajuste a regidores y también en los tiempos de cuándo inicia el proceso electoral para que el instituto tenga más tiempo y sea eficiente en los registros y en todo el proceso electoral que vivirá el Estado de México en 2027”.
El proyecto también traslada a la normativa estatal las reglas de no reelección inmediata para diputaciones y cargos municipales a partir de 2030, además de incorporar restricciones para evitar postulaciones vinculadas por parentesco con personas que ocupen el cargo a suceder, bajo parámetros que alcanzan hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Otro componente de la propuesta plantea límites al gasto institucional, al establecer que el presupuesto del Poder Legislativo no exceda 0.70 por ciento del gasto estatal, así como restricciones para que órganos electorales no asignen recursos a esquemas extraordinarios de prestaciones o beneficios no previstos en ley.
De acuerdo con el documento, los recursos que se generen por la disminución de sindicaturas y regidurías no serían absorbidos por otras partidas, sino que permanecerían en los municipios para destinarse a obra e infraestructura.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión, que se espera, concluya en mayo y alcance el concenso con los partidos de oposición.
