El Congreso del Estado de México, en su calidad de integrante del Constituyente Permanente, aprobó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tope a las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos públicos.
Durante sesión deliberante de la LXII Legislatura, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, se avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados federal para modificar el artículo 127 constitucional.
La reforma establece que las pensiones y jubilaciones del personal de confianza de organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales, tanto a nivel federal como estatal no podrán superar el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.
Asimismo, se determina que ningún instrumento jurídico podrá fijar condiciones que excedan este límite.
El dictamen, presentado en tribuna por la diputada Sara Alicia Ramírez de la O, precisa que quedan excluidos de esta disposición:
- Las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales
- Las jubilaciones provenientes de aportaciones sindicales en sistemas complementarios
- La pensión no contributiva establecida en el artículo 4º constitucional
- Ajuste a pensiones vigentes
La reforma también contempla que todas las pensiones y jubilaciones que no estén dentro de estas excepciones, incluso aquellas otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto, deberán ajustarse al nuevo límite establecido.
Finalmente, se establece un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales revisen y, en su caso, adecuen su marco jurídico a fin de alinearlo con esta reforma constitucional.
Lo que se busca es regular los montos de pensiones en el sector público y garantizar mayor congruencia con los principios de austeridad en el ejercicio de los recursos públicos.
