Legisladoras de MC y PT coincidieron en la urgencia de tipificar y sancionar esta práctica delictiva en el Estado de México, donde existen municipios en riesgo por la presencia del crimen organizado
Redacción MV
Con el objetivo de frenar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, diputadas del Estado de México iniciaron en comisiones el análisis de una iniciativa para imponer penas de hasta 60 años de prisión a quienes incurran en esta conducta.
Durante la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, destacó que según datos de la Secretaría de Gobernación, en 2022 se registraron 20 mil 327 menores desaparecidos en el país, de los cuales al menos 3 mil 951 podrían haber sido víctimas de reclutamiento forzado. Además, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, alrededor de 200 mil menores se encuentran en riesgo de ser captados por criminales.
Salinas subrayó que solo cuatro estados —Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán— han legislado sobre el tema, por lo que el Estado de México debe sumarse para frenar una problemática que, afirmó, afecta directamente a municipios mexiquenses por su colindancia con otras entidades donde operan células criminales.
A su vez, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT, lamentó que desde hace más de 15 años en el sur mexiquense menores sean utilizados como vigilantes del crimen organizado. Por ello, sostuvo que es indispensable castigar esta actividad y pidió incorporar ajustes para evitar afectar a trabajadores de paquetería que pudieran transportar mercancía ilícita sin conocimiento.
La propuesta plantea reformar el Código Penal estatal para considerar delito el reclutamiento forzado cuando un menor sea obligado a participar en cualquier actividad ilícita, ya sea como parte de pandillas, portando o moviendo armas, o realizando vigilancia y mensajería para grupos delictivos.
La pena podría alcanzar los 60 años de prisión en casos donde el responsable sea padre, madre, tutor o persona con autoridad sobre la víctima, y se ejerza violencia física o psicológica.
Las y los congresistas continuarán con el análisis para avanzar en una legislación que proteja a la niñez y sancione de manera ejemplar a quienes lucran con su vulnerabilidad
