A finales de 2024 la Legislatura estatal señaló que a unos días de vencerse el año fiscal los municipios en alerta no habían ejercido los recursos
Por: Alberto Dzib
A partir de agosto próximo, la Secretaría de las Mujeres del Estado de México iniciará una revisión del avance en la aplicación de los recursos públicos asignados a los 11 municipios con alerta de violencia de género por feminicidio y desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, informó la titular de la dependencia, Mónica Chávez Durán.
La medida, dijo, busca dar seguimiento al uso de los 260 millones de pesos aprobados para este año, dirigidos a mitigar ambas alertas en 11 municipios de la entidad: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. Siete de ellos tienen una doble declaratoria por feminicidio y desaparición.
De acuerdo con la funcionaria, aunque los gobiernos municipales tienen hasta noviembre para comprobar el ejercicio del presupuesto asignado, se realizará un primer corte en agosto para conocer el avance en la ejecución de los proyectos aprobados.
“Vamos a hacer un corte al mes de agosto para ver el adelanto que se tiene porque es preciso que esos recursos se ejecuten en tiempo y forma”, indicó.
En 2024, a pesar de haberse cumplido la ejecución de proyectos en los municipios, el ejercicio presupuestal fue señalado por la Legislatura mexiquense por registrarse avances mínimos en las semanas previas al cierre del año fiscal.
La secretaria explicó que los recursos deben aplicarse en acciones específicas definidas en los mecanismos de operación.
En el caso de la alerta por feminicidio, se establece que el el 70% del presupuesto debe dirigirse a medidas de seguridad, el 15% a prevención y el 15% restante a justicia y reparación del daño.
Para la alerta por desaparición de mujeres, el 70% también debe destinarse a seguridad, el 15% a búsqueda y otro 15% a prevención.
En ese marco, indicó que los proyectos locales deben contemplar campañas de comunicación para visibilizar tipos y modalidades de violencia, certificaciones, capacitaciones, así como recuperación de espacios públicos con perspectiva de género.
Los lineamientos para la ejecución de los recursos establecen que los montos no comprobados en los plazos legales pueden generar una penalización del 50% en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.
Además, la Secretaría podrá ejercer esos recursos en apoyo a los municipios, y en caso de incumplimiento, se podrán fincar responsabilidades administrativas.
Alberto Dzib
