- Las quejas y denuncias se tratarán e investigarán con perspectiva de género, se evitará la revictimización de las personas afectadas, se recabará, de oficio, las pruebas necesarias que permitan el mejor conocimiento de la verdad, entre otras medidas
Con la aprobación, por unanimidad, de la iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios presentada por Mónica Angélica Álvarez Nemer, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense, se toman medidas concretas para frenar, erradicar y sancionar el hostigamiento y acoso sexual registrado al interior de todas las dependencias del sector público estatal.
Durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados del Estado de México, Mónica Álvarez, precisó que su propuesta atiende una de las demandas más sentidas de las trabajadoras del sector público: sancionar de forma puntual y contundente a las y los autores de dicha conducta.
La reforma y adición a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios presentada por Mónica Álvarez, establece:
Incorporar la perspectiva de género en la atención de denuncias e investigaciones por parte de las autoridades competentes; especificar el deber de las autoridades investigadoras de evitar la revictimización de las personas afectadas por actos de violencia sexual o de género, así como de recabar, de oficio, las pruebas necesarias que permitan el mejor conocimiento de la verdad.
Hacer más claros los elementos constitutivos de la falta administrativa de hostigamiento sexual; establecer conductas equiparadas al acoso sexual; prever un rango de sanción de inhabilitación específico para las personas servidoras públicas que sean declaradas culpables de las faltas administrativas de hostigamiento y acoso sexual.
Fortalecer las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para imponer a las instituciones públicas medidas de no repetición tendentes a evitar la continuidad de las violaciones a derechos humanos; reconocer la obligación de las autoridades substanciadoras y resolutoras para ordenar la práctica de pruebas, cuando el acervo existente en autos sea insuficiente para aclarar una situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género.
“Rompamos el silencio si somos agredidos y ayudemos a romperlo a quienes sientan miedo de hacerlo; hoy somos un parteaguas a nivel nacional”, concluyó Mónica Álvarez Nemer.