La propuesta de la gobernadora Delfina Gómez busca reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión, ampliar facultades de inteligencia, mejorar la coordinación interinstitucional y profesionalizar los cuerpos policiales, con un enfoque centrado en la persona y en los derechos humanos
Redacción MV
El Congreso del Estado de México analizará la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para consolidar la política de seguridad pública estatal, mediante el reconocimiento de las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa, la ampliación de las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, la profesionalización policial y la participación comunitaria.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y a la Ley de Seguridad estatal, leída en sesión por la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC), plantea un modelo de seguridad alineado con los principios constitucionales, centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz social.
El documento establece que las mesas de paz serán instancias de decisión ejecutiva y coordinación inmediata de las instituciones estatales de seguridad pública, presididas por la persona titular del Ejecutivo estatal e integradas por 10 entes públicos vinculados al tema, con la participación permanente del Poder Judicial como invitado y de los municipios cuando se requiera. Dichas mesas sesionarán de manera ordinaria todos los días hábiles y de forma extraordinaria cuando así lo convoque su presidencia.
Entre sus principales atribuciones destaca la coordinación de acciones de gobierno orientadas a la atención de las causas de las violencias y la construcción de la paz en la entidad.
En materia de inteligencia, la iniciativa prevé que la Secretaría de Seguridad implemente estrategias para prevenir e identificar amenazas y generadores de violencia, coadyuvando a su sanción oportuna, así como la realización de operativos de prevención del delito y la aportación de información que fortalezca la integración de indicios, datos y medios de prueba para la persecución de los delitos y el combate a la impunidad, siempre con pleno respeto a los derechos humanos.
Respecto a la coordinación interinstitucional, se establece que las instancias estatales y municipales deberán garantizar el cumplimiento de la legislación, fortalecer la cooperación con los sistemas estatal y nacional de seguridad, interconectar bases de datos al Sistema Nacional de Información y coordinarse con los poderes judiciales federal y mexiquense para mejorar los procesos de investigación y persecución del delito bajo la conducción del Ministerio Público.
La propuesta también refuerza el servicio profesional de carrera y los esquemas de profesionalización del personal de seguridad, al definir con mayor claridad sus derechos y obligaciones, garantizar remuneraciones acordes al riesgo de sus funciones y asegurar condiciones laborales dignas para quienes realizan labores de prevención, reacción, investigación, análisis criminal y custodia penitenciaria. Asimismo, homologa perfiles, funciones, requisitos de ingreso y permanencia, así como los procesos de promoción, certificación y evaluación de control de confianza.
Finalmente, la iniciativa subraya la importancia de la participación social, al establecer que los entes públicos, en corresponsabilidad, promuevan mecanismos de diálogo, deliberación y cooperación con la comunidad, a fin de integrar propuestas y experiencias que fortalezcan las políticas de construcción de la paz, prevención de las violencias y del delito, investigación y procuración de justicia en el Estado de México.
