Durante el primer semestre de 2026, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México impulsó reformas en temas que van desde el reconocimiento económico del trabajo del hogar y el uso responsable de la inteligencia artificial en las escuelas, hasta nuevos derechos para comunidades indígenas y afromexicanas.
El Congreso del Estado de México aprobó durante el segundo periodo ordinario del segundo año de la LXII Legislatura diversas reformas impulsadas por el Grupo Parlamentario del PRI, entre ellas cambios que reconocen el trabajo no remunerado del hogar, promueven el uso responsable de la Inteligencia Artificial en las escuelas y amplían los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una de las reformas establece que las labores domésticas y de cuidado deben considerarse como una aportación económica dentro de procesos de divorcio, guarda y custodia, pensiones, compensaciones y liquidación de bienes. Para determinar esta aportación se deberán tomar en cuenta el tiempo dedicado al hogar, el cuidado de la familia y las oportunidades laborales o profesionales que una persona haya dejado o limitado por realizar estas actividades.
En casos de divorcio o concubinato, la persona que se haya dedicado principalmente al trabajo del hogar no remunerado podrá recibir entre 40 y 50 por ciento de los bienes adquiridos durante la relación, además de alimentos cuando no cuente con recursos o tenga alguna imposibilidad para trabajar. La medida también contempla protección alimentaria para hijas e hijos menores de edad o estudiantes, personas con discapacidad y adultas mayores.
En materia educativa, se aprobó promover entre estudiantes y docentes de nivel medio superior y superior el uso responsable, ético y gradual de herramientas de Inteligencia Artificial con fines educativos. La intención es que estas tecnologías se utilicen como apoyo para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero bajo criterios que eviten un uso indebido.
El Congreso también aprobó una nueva Ley de Salud del Estado de México, que establece derechos para las personas usuarias de los servicios médicos, entre ellos recibir un trato digno, otorgar o negar su consentimiento informado, mantener la confidencialidad de sus datos, acceder a su expediente clínico y recibir atención de urgencias y medicamentos.
La legislación considera como grupos de atención prioritaria a personas adultas mayores, mujeres y personas gestantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, migrantes, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.
Otro de los cambios relevantes reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto les permite fortalecer su capacidad para decidir sobre su organización interna, preservar sus lenguas y patrimonio cultural y participar en asuntos que puedan afectar sus comunidades.
La reforma también contempla el derecho a recibir apoyo de intérpretes y traductores para acceder a la justicia, ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles y participar en la elaboración de planes de desarrollo. Además, establece que las autoridades deberán impulsar acciones en materia de servicios básicos, vivienda, educación intercultural, infraestructura y desarrollo de estas comunidades.
Como parte de este paquete legislativo, también se exhortó a autoridades estatales y federales a homologar el listado de comunidades indígenas del Estado de México con el Catálogo Nacional de Localidades Indígenas, con el objetivo de contar con una identificación actualizada de las comunidades originarias de la entidad.
