Con 343 votos a favor y 123 en contra, la Cámara de Diputados avaló cambios a la Ley Aduanera que buscan modernizar el sistema y transparentar operaciones con apoyo tecnológico
Redacción MV
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 343 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención, el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, mismo que fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación.
El documento, devuelto por el Senado para ajustar el artículo primero transitorio, establece que las reformas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, con el fin de dar tiempo a la Agencia Nacional de Aduanas de México y al SAT para adecuar sus sistemas y capacitar personal.
Desde tribuna, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti (Morena) defendió la reforma al señalar que se trata de una transformación profunda que “actualiza y transparenta los procesos aduaneros mediante videovigilancia”, con lo cual México podrá contar con aduanas “a la altura de las mejores del mundo”. Aseguró que la medida fortalecerá la recaudación, reducirá la corrupción y dará certidumbre al comercio exterior.
Sin embargo, la oposición consideró que el cambio representa un retroceso. La diputada Teresa Ginez Serrano (PAN) acusó que se trata de “una maniobra que aparenta apertura”, pero que en realidad consolida un modelo que “centraliza el poder y perpetúa la impunidad”.
En la misma línea, el priista Emilio Lara Calderón advirtió que la reforma “golpea al comercio, a las empresas y a los ciudadanos”, al imponer sanciones desproporcionadas y generar incertidumbre jurídica.
Desde el PVEM y el PT, legisladores respaldaron la decisión de aplazar la entrada en vigor, al considerar que permitirá una aplicación “ordenada y eficaz” de los cambios, mientras que Movimiento Ciudadano alertó que la ley “no combate al contrabando, solo lo traslada”, afectando a los pequeños y medianos empresarios.
Con esta aprobación, el Congreso da luz verde a una de las reformas más controvertidas del actual periodo ordinario, con visiones divididas entre quienes la ven como un paso hacia la modernización y quienes la consideran una herramienta de control que podría frenar la competitividad del país.
