Suman dos iniciativas en el Congreso local que plantean agravar este delito en busca de reducir su incidencia
Alberto Dzib
La bancada de Morena en el Congreso del Estado de México presentó su segunda iniciativa de reforma en busca de agravar el delito de estupro y endurecer sus penas hasta con 20 años de prisión, con el Indicador de que más del 47% de las víctimas de delitos sexuales tienen entre 12 y 17 años.
La diputada Zaira Cedillo Silva promovió una reforma para ampliar los supuestos bajo los cuales puede configurarse el delito y establecer como pena máxima 20 años de cárcel cuando la cópula con una persona mayor de 15 y menor de 18 años se cometa mediante abuso de autoridad, poder, confianza, dependencia o influencia emocional.
Con esta propuesta suman dos iniciativas de la misma bancada que buscan agravar el estupro, actualmente sancionado con uno a 5 años de prisión, y convertirlo en delito grave para que se persiga en todos los casos, además de equiparar determinadas conductas a la violación cuando exista un menoscabo grave de la libertad sexual de la víctima.
Se argumenta qué es necesario reconocer las relaciones asimétricas que afectan la voluntad de adolescentes y evitar que se minimicen estos hechos bajo la figura de seducción.
La iniciativa incorpora un supuesto con penas de 10 a 16 años de prisión cuando la conducta se realice sin violencia física pero implique abuso de poder, engaño o dominio emocional que afecte de manera grave la libertad sexual de la persona adolescente, supuestos que hoy se aplican cuando la víctima es menor de 15 y mayor de 13 años.
También se propone añadir como agravante la seducción manipulativa hacia adolescentes cuando exista diferencia significativa de edad, posición jerárquica o situación de vulnerabilidad, con el fin de distinguir entre el estupro simple y aquellos casos en los que el consentimiento esté viciado por una relación desigual.
De acuerdo con cifras citadas en la exposición de motivos, en 2023 se registraron 587 casos de estupro en el Estado de México y el 92 por ciento de las víctimas fueron mujeres adolescentes, datos que sustentan la intención de fortalecer el marco legal para la protección de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
