Diputados del GPPAN plantean reformar la Constitución estatal y leyes educativas; cuestionan el modelo de la Nueva Escuela Mexicana
Redacción MV
Los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, coordinador y miembro del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), propusieron reconocer en la Constitución del Estado de México el derecho de madres y padres de familia a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijas e hijos.
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley de Educación estatal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer este principio como un derecho de carácter preferente.
Los legisladores argumentaron que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, vigente desde 2018 y consolidado con el Plan de Estudios 2022, presenta riesgos al considerar que adopta un enfoque “sesgado” que podría comprometer la calidad educativa.
De acuerdo con el documento presentado en la LXII Legislatura mexiquense, este modelo ha sido cuestionado por la eliminación de estándares académicos claros, al restar importancia a materias fundamentales como matemáticas, ciencias y comprensión lectora, además de debilitar el aprendizaje estructurado y poner en riesgo la igualdad educativa.
Como parte de sus argumentos, señalaron que México obtuvo sus resultados más bajos en la prueba PISA 2022, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ubicándose entre los países con peor desempeño en comprensión lectora y matemáticas, y en último lugar en ciencias.
Asimismo, indicaron que, según datos de la Secretaría de Educación Pública, en los últimos tres ciclos escolares la matrícula de primaria en escuelas públicas disminuyó en más de 310 mil estudiantes; de ellos, más de 116 mil migraron a instituciones privadas y cerca de 194 mil dejaron de estudiar.
Aunado a ello, citaron cifras de la organización Educación con Rumbo, que reportan que aproximadamente 994 mil estudiantes abandonaron sus estudios en el ciclo escolar 2024-2025, siendo el nivel medio superior el más afectado, con una tasa de deserción de 30.9 por ciento.
La iniciativa también retoma principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece el derecho a la educación y reconoce la facultad preferente de madres y padres para decidir la formación educativa de sus hijos, por lo que el Estado debe garantizar y respetar esta libertad.
