La diputada Miriam Silva advirtió que las cargas laborales, horarios extensos y la complejidad de los casos evidencian la necesidad de fortalecer al Poder Judicial
Redacción MV
La diputada Miriam Silva Mata, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que el sistema judicial del Estado de México requiere un mayor presupuesto para poder atender de manera adecuada la creciente carga de trabajo y la complejidad de los asuntos que se resuelven en los tribunales.
Durante el inicio del análisis de la iniciativa que busca armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal con la Constitución local y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la legisladora subrayó que el Poder Judicial es uno de los pilares de la estabilidad social, por lo que resulta necesario fortalecerlo con más recursos y personal.
La propuesta plantea establecer que los tribunales de alzada puedan integrarse por una o tres personas magistradas, a diferencia de la legislación vigente que contempla únicamente la integración por tres magistraturas.
En la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), a la que asistieron magistradas y magistrados del Poder Judicial, Miriam Silva destacó que las extensas jornadas laborales y la complejidad de muchos expedientes justifican la posibilidad de ampliar la plantilla judicial. Sin embargo, insistió en que la ley debe precisar con claridad los criterios de designación y los perfiles de quienes ocupen estas responsabilidades.
La iniciativa fue presentada por el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por lo que la legisladora también solicitó información sobre cuántas magistraturas adicionales se requerirían y cuál sería el impacto presupuestario de la medida.
Por su parte, la diputada Emma Laura Álvarez planteó diversas interrogantes sobre los procesos de designación de magistraturas, los criterios para definir cuándo un tribunal de alzada sería unitario o colegiado, y si existen estadísticas que demuestren que la integración por una sola magistratura mejora los tiempos de resolución de los recursos.
Asimismo, cuestionó si esta modificación podría incidir en la carga laboral de las magistraturas y si la integración unitaria podría afectar la calidad o profundidad del análisis jurídico de las resoluciones, además de preguntar si se prevén lineamientos internos para regular la distribución de los asuntos entre tribunales unitarios y colegiados.
Al respecto, la magistrada Xóchitlh Martínez Correa y Guillermo Peralta Ramírez explicaron que la propuesta busca armonizar la legislación para establecer de forma explícita que los tribunales de alzada puedan ser unitarios o colegiados, aunque advirtieron que existe el riesgo de que continúen presentándose juicios de amparo relacionados con la competencia de estos órganos.
Peralta Ramírez añadió que, en el caso de tribunales colegiados, quienes los integren podrían ser jueces o juezas en funciones de magistraturas, cuya designación correspondería al Órgano de Administración Judicial o a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con sus trayectorias.
Recordó además que en diciembre de 2025 se emitió el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia y de su Presidencia, el cual establece que un Tribunal de Alzada es el órgano jurisdiccional integrado por una o tres personas magistradas que resuelven los recursos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En la reunión también participaron el magistrado Rubén Maximiliano Alexander Rábago y la magistrada Blanca Dannaly Argumedo Guerra, quienes coincidieron en la importancia de clarificar el marco jurídico para evitar controversias y fortalecer la operación del sistema judicial.
