Hernández González busca modernizar el marco normativo municipal y fortalecer la eficiencia institucional
Redacción IKAM
El diputado Maurilio Hernández González, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para eliminar el requisito de caución —una garantía económica para asegurar la correcta administración del patrimonio público— como condición para ocupar las tesorerías municipales del Estado de México, al considerar que este mecanismo ha quedado obsoleto ante los actuales sistemas de fiscalización y control.
La propuesta plantea reformar las leyes Orgánica Municipal y de Fiscalización Superior de la entidad, con el fin de derogar el artículo que obliga a las personas tesoreras a caucionar el manejo de los fondos municipales por un monto equivalente al uno al millar del total de los ingresos propios y de las participaciones federales y estatales del ejercicio anterior.
Durante su exposición en el Congreso mexiquense, Hernández González explicó que desde 2016, la legislación nacional y estatal en materia de fiscalización, contabilidad gubernamental y anticorrupción ya establece mecanismos de control y supervisión suficientes para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos. En ese sentido, consideró que mantener la figura de la caución resulta innecesario y redundante.
El legislador también propuso que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) deje de emitir criterios sobre el otorgamiento de estas garantías o cauciones, ya que dicha función se aleja de su misión principal, que es auditar y revisar las cuentas públicas de manera independiente para detectar irregularidades y asegurar el buen uso de los recursos.
De acuerdo con el diputado, la gestión de estas garantías corresponde a las áreas administrativas y jurídicas de los gobiernos municipales, y no al OSFEM. Asimismo, recordó que la normatividad vigente en materia de seguros y fianzas ya regula los procedimientos y criterios aplicables para la emisión de este tipo de instrumentos.
Con esta reforma, Hernández González busca modernizar el marco normativo municipal y fortalecer la eficiencia institucional, eliminando trámites que —dijo— “ya no aportan valor real a la transparencia ni a la rendición de cuentas”.
