La omisión de esta obligación acarreará responsabilidad administrativa o penal, conforme a la legislación vigente, que establece penas de hasta 30 años de prisión por encubrir este tipo de delitos.
Redacción IKAM
La diputada Paola Jiménez Hernández, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para que todas las autoridades educativas, de salud y administrativas estén legalmente obligadas a reportar al Ministerio Público los embarazos en menores de 15 años como posibles casos de violencia sexual, con el fin de garantizar la protección de las niñas y adolescentes mexiquenses.
De acuerdo con la propuesta, la omisión de esta obligación acarreará responsabilidad administrativa o penal, conforme a la legislación vigente, que establece penas de hasta 30 años de prisión por encubrir este tipo de delitos.
La legisladora también planteó la necesidad de garantizar educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, basada en los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, así como la creación de protocolos interinstitucionales para la prevención, detección y atención del abuso sexual, incluyendo los entornos digitales.
Durante su intervención en tribuna, Jiménez Hernández subrayó que “proteger a la infancia no es filantropía, es una obligación del Estado, de las familias y de todas y todos nosotros como representantes del pueblo”, al enfatizar la urgencia de atender de manera coordinada los casos de violencia sexual infantil.
La iniciativa, que propone modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, busca fortalecer los mecanismos de protección integral para que este sector viva libre de cualquier forma de violencia sexual, incluyendo el abuso, el acoso, la explotación o cualquier conducta que atente contra su integridad física, emocional o su libre desarrollo.
La diputada destacó que en 2024 se registraron mil 628 víctimas de violencia sexual infantil en la entidad, de las cuales más del 92 por ciento fueron niñas, además de 56 mil alumbramientos de menores de 16 años, incluyendo mil 652 casos de niñas entre 10 y 13 años, cifras que, dijo, reflejan la gravedad del problema.
La propuesta también contempla la coordinación entre la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de Justicia estatal, el sector salud y el sistema educativo, para garantizar atención integral, confidencial y especializada en materia médica, psicológica, jurídica y de protección, sin discriminación y evitando la revictimización.
Asimismo, las autoridades educativas deberán capacitar al personal docente y administrativo, elaborar materiales pedagógicos adecuados y fomentar la participación de madres, padres y tutores en la prevención del abuso infantil.
La diputada Yesica Yanet Rojas Hernández, también de Morena, reconoció la iniciativa de su compañera y destacó su relevancia en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Estado de México.
