Se señala que en muchos casos, quienes ofrecen préstamos informales suelen aplicar intereses que provocan pagos de hasta 100% más de lo que se debe
Por: Alberto Dzib
El diputado de Morena en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa para tipificar la usura como delito el Código Penal estatal y se sancione de la misma forma que el fraude en el Código Penal estatal, es decir, de seis meses a 12 años de prisión según el monto del daño.
La propuesta se presenta tras el caso de un menor de cinco años del municipio de La Paz, identificado como “Fernandito”, quien falleció presuntamente luego de ser presuntamente retenido por prestamistas como “garantía” de una deuda de mil pesos que su madre mantenía.
De acuerdo con el legislador proponente, la pobreza y la falta de acceso a servicios financieros formales han generado que familias recurran a esquemas de crédito informal, en los que se presentan prácticas de cobro abusivas, conocidas como “gota a gota”.
Explicó que la iniciativa busca definir la usura como el otorgamiento de préstamos con intereses desproporcionados que excedan las tasas establecidas por el Banco de México o las condiciones usuales del mercado.
“Cuando se haga un préstamo económico con un interés desproporcionado hay que señalar cuál es el parámetro, y eso lo establece el sistema bancario nacional a través del Banco de México. Cuando se rebasa ese límite, hay un supuesto delictuoso y hoy no se sanciona en el Estado de México”.
El diputado precisó que no se trata de ampliar las penas, sino de establecer bases jurídicas claras que permitan la investigación, la integración de carpetas y la judicialización de los casos.
El legislador indicó que esta forma de financiamiento opera en diversos municipios de la entidad y suele implicar intereses excesivos, despojo de bienes y en algunos casos violencia.
“Te presto mil pesos y me vas a dar un interés de 200 pesos semanales, si no pagas, la deuda sigue creciendo. Hay casos donde les quitan negocios, vehículos, casas y hasta hijos, como vimos recientemente”, señaló.
Martínez Vargas advirtió que en la operación de estas redes se han identificado presuntos vínculos con sindicatos, estructuras delictivas e incluso cuerpos de seguridad, lo que genera un ambiente de impunidad.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible aprobación.
Alberto Dzib
