La legislatura se comprometió a acelerar el proceso de dictaminación de las propuestas, enfocándose en proporcionar justicia y certeza jurídica a las personas afectadas.
Redacción IKAM
En una sesión destacada por el consenso entre diversas bancadas legislativas, se respaldó la consideración del despojo como delito grave en el Estado de México. Los congresistas resaltaron los beneficios de las iniciativas presentadas por el diputado Octavio Martínez, el legislador José Miguel Gutiérrez y la bancada de MC, las cuales proponen no solo tipificar el despojo como delito grave, sino también establecer agravantes significativos.
Durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura, representantes de morena, PVEM, PT, PAN y MC expresaron su preocupación por la frecuencia alarmante de 14 delitos diarios de despojo en la entidad. Reconociendo una deuda con la población en la protección de su patrimonio, enfatizaron la importancia de garantizar seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos.
El diputado Octavio Martínez lamentó la ausencia de sanciones efectivas para este tipo de delitos y subrayó la necesidad de acciones legislativas que aseguren la protección de los bienes patrimoniales. Propuestas como la suya contemplan agravantes específicos, como cuando el despojo afecta a personas adultas mayores o involucra a funcionarios públicos o documentos falsificados.
Las iniciativas, que también buscan reformar el Código Penal estatal, recibieron el respaldo unánime de los legisladores presentes, quienes coincidieron en la urgencia de fortalecer el marco jurídico para combatir la impunidad. La diputada Emma Álvarez destacó que el despojo figura entre los delitos más denunciados, lo cual demanda precisiones legales para evitar la vulnerabilidad de las familias.
En este contexto, la legislatura se comprometió a acelerar el proceso de dictaminación de las propuestas, enfocándose en proporcionar justicia y certeza jurídica a las personas afectadas. Se espera que las iniciativas resulten en penas más severas para quienes perpetren este tipo de delitos, asegurando así la defensa efectiva del patrimonio familiar y el fortalecimiento del estado de derecho en la entidad.
