El ex titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo, C.R.M.V., obtuvo su libertad el pasado 23 de octubre tras obtener un amparo que le otorga un plazo de 90 días para definir su situación legal en Estados Unidos.
Pachuca de Soto, Hidalgo. – El ex funcionario estatal fue detenido por agentes de Interpol a finales del pasado mes de mayo en Miami, Florida, siendo señalado por peculado y uso ilícito de atribuciones por más de 2 mil 500 millones de pesos, en la llamada Estafa Siniestra.
Al respecto, el Gobernador de Hidalgo señaló que la liberación de C.R.M.V. “no lo libera” de las órdenes de aprehensión ni de las carpetas de investigación que enfrenta en Hidalgo por presunto desvío de recursos durante la administración anterior estatal.
Enfatizó que aunque el funcionario quedó en libertad bajo diferentes argumentos, el Gobierno de Hidalgo tendrá que dar continuidad a todas las acciones legales que permitan traerlo de regreso al país para que responda por los delitos de los que ha sido señalado.
Menchaca Salazar explicó que el proceso de deportación aún no se ha concretado, ya que se trata de un procedimiento interno del gobierno estadounidense.
Anticipó que solicitará apoyo del gobierno federal para que, “a nivel diplomático, se establezcan los conductos adecuados y pueda presentarse a responder ante las acusaciones”.
Menchaca Salazar reiteró que su liberación ante autoridades estadounidenses no lo exime de los procedimientos judiciales, que aseguró, “cada día se multiplican”.
Advirtió que su administración no permitirá que los delitos prescriban, y que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para evitar la impunidad.
“Hasta el momento no existe una carpeta de investigación que involucre directamente al exgobernador Omar Fayad Meneses, aunque las pesquisas continuarán hasta donde tengan que llegar. Porque en este caso ni en ningún caso hay acuerdos ni complicidades”.
Tras su detención, C.R.M.V. se encontraba interno en el Centro de Detención Krome Norte en Miami, Florida.
Será en enero del 2026 cuando un juez en Estados Unidos determine si el ex funcionario del Gobierno del Estado de Hidalgo es deportado; su estatus es de libertad, pero con situación de ubicable.
